El derecho a huelga, de nuevo en los tribunales

UGT y CCOO han organizado una manifestación, que pretende ser multitudinaria, en apoyo de “los dos de la Lealtad” que es como se conoce a Rubén Ranz y José Manuel Nogales, dos sindicalistas de UGT a los que se juzga hoy y que se enfrentan a penas de cárcel por los incidentes ocurridos en un piquete.

A estos sindicalistas se les juzga por unos disturbios ocurridos durante la huelga general de marzo de 2012 en la plaza de la Lealtad de Madrid y para quienes la Fiscalía pide ahora siete años de prisión para cada uno y 7.500 euros de multa como autores de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, atentado a la autoridad y cuatro faltas de lesiones.

Ambos sindicatos pretenden arropar a los acusados con una marcha que partirá del Parque Quinta de Torre Arias y finalizará en la calle Julián Camarillo, 11, ante la sede del juzgado de lo Penal número 3 de Madrid que es donde se celebra la vista, una manifestación ue tiene como objetivo mostrar solidaridad con los procesados pero también “protestar por un juicio injusto y exigir la derogación de los artículos 315.3 y 172 del Código Penal”.

Además de las asambleas y actos organizados en varios territorios, desde UGT se han recabado muestras de apoyo institucional de los grupos parlamentarios y ayuntamientos. Mientras que por parte de las secciones sindicales de FeSP-UGT se han remitido cartas al Gobierno y al Fiscal General del Estado donde expresan su adhesión a los encausados.

Los sindicatos recuerdan que los hechos por los que se juzga a los dos de la lealtad son similares a los que se han juzgado en otras ocasiones en casos como los ‘ocho de Airbus’ ocho sindicalistas que fueron acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores, atentado y lesiones, por los que se les pedía una pena de más de sesenta años de cárcel, por los hechos acaecidos durante la huelga general de 2010 a las puertas de la empresa Airbus y que finalmente fueron absueltos el pasado febrero.

Aunque las organizaciones sindicales recuerdan que a día de hoy, ningún sindicalista de la Comunidad de Madrid ha terminado en la cárcel, consideran que “hay que ir más allá y derogar los artículos 315.3 y 172 del Código Penal, ya que estiman que la revisión que se ha hecho es insuficiente porque el artículo 315.3 “sigue estableciendo la huelga como un sujeto sobre el que aplicar el Código Penal, cuando lo que debería hacer es protegerlo de los abusos de los empresarios que, en muchos casos, tratan de restringir el derecho de huelga”.

Hay que recordar que los sindicatos llevan desde 2012 denunciando la persecución sindical –con la apertura de procesos administrativos y penales- que han sufrido numerosos sindicalistas tras participar en la convocatoria, extensión y organización de huelgas generales, para lo cual se han movilizado don numerosos actos bajo el hashtag #HuelgaNoEsDelito.

Dentro de este campaña el mes pasado os secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, registraron en el Congreso de los Diputados una propuesta dirigida a los grupos parlamentarios para derogar los artículos 315.3 y 172 del Código Penal a fin de “despenalizar el ejercicio del derecho de huelga”.

Dando cifras los líderes sindicales de que es un tipo penal que se utilizando de forma abusiva e indiscriminada, ya que según Fernández Toxo “en los últimos años se ha producido “el encausamiento o la apertura de expedientes a cerca de 300 sindicalistas por el simple hecho de participar en huelgas o en piquetes informativos para el desarrollo de las mismas”.

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