La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso.
Éste es el resultado de las administraciones públicas, a falta de integrar los datos de las corporaciones locales y sin incluir las ayudas financieras. No obstante, si se incluye el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras (29 millones en 2020 y 18 millones en 2021), el déficit se mantiene en el 1,51% del PIB.
Hacienda indica que hay que tener en cuenta que a la hora de comparar las cifras que los datos registrados en enero y febrero de 2020 no estaban afectados todavía por la Covid-19.
Por su parte, el déficit del Estado hasta marzo se situó en el 0,92% del PIB, frente al 0,49% registrado en el mismo periodo de 2020, debido a un descenso de los ingresos no financieros del 4,2%, frente al incremento de los gastos, que crecen un 6,8%.
En cuanto al déficit público hasta febrero, el déficit de la Administración Central se situó en 16.206 millones, el 1,34% del PIB, frente al 1,05% del PIB registrado en el mismo periodo de 2020, mientras que la administración regional registra un déficit de 1.412 millones en los dos primeros meses del año, lo que equivale al 0,12% el PIB, debido a un incremento de los gastos del 6,1% frente a los ingresos que crecen un 3,6%.
En cuanto a los fondos de la Seguridad Social hasta febrero de 2021, registran un déficit de 613 millones. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social asciende al 0,05%. Este resultado, es consecuencia del aumento del gasto en un 12,6%, frente al incremento de los ingresos un 7,2%.
Por su parte, el Estado registró un déficit equivalente al 0,92% del PIB en este caso hasta el mes de marzo, frente al 0,49% registrado en el primer trimestre de 2020, debido a un descenso de los ingresos no financieros del 4,2%, frente al incremento de los gastos, que crecen un 6,8%.
Según ha explicado Hacienda, a la hora de comparar entre ambos años la evolución entre los recursos y los empleos, hay que considerar que en febrero de 2020 se produjo la reversión al Estado de dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y AP-4 al finalizar sus contratos de concesión. Esta operación no tuvo incidencia en el déficit, pero sí un impacto en los empleos del Estado, en la rúbrica de formación bruta de capital fijo, y en los recursos, en la rúbrica de otras transferencias de capital, por un valor estimado de 1.745 millones.
Además, el Ministerio que dirige María Jesús Montero ha resaltado que la situación de pandemia internacional que empezó en el primer trimestre de 2020 tendrá previsiblemente un «significativo impacto» en las cuentas públicas de las Administraciones Públicas también durante 2021.
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