En 2021 y 2022, años posteriores a la pandemia del Covid-19, detallan los gerentes de servicios sociales, las plazas residenciales han aumentado en 9.541. Por su parte, la población mayor de 65 años se ha incrementado en 380.265 personas en el mismo periodo.
Según los últimos datos oficiales del Imserso, hay en lista de espera para ser atendido de 71.776 personas con Grado II y III, más 61.721 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 133.497 personas. De ellas, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, un 26,3% de los grados III y un 16,3% de grado II demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o una prestación económica vinculada a ese servicio. De ahí se estiman que serían necesarias unas 30.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia.
Las comunidades autónomas con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 32.670 y 24.843 respectivamente. Mientras que en seis regiones sigue habiendo un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.234. Navarra, Cantabria y La Rioja son las autonomías con mayor equilibrio en su ratio de plazas por personas mayores de 65 años.
Financiación Pública vs Privada
El informe de la asociación recoge que el 67,9% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 270.702, frente a las 127.873 exclusivamente privadas. Ello incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado ligeramente desde 2015, hasta alcanzar 2,79 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha.
Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Por su parte, aquellas con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Respecto a la estrategia del Ministerio de Derechos Sociales para la desinstitucionalización de la atención de las personas mayores planteada en 2023, para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, la organización ha lamentado que todavía “no se hayan dado pasos decididos en esta estrategia, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio”.
En 2022 este servicio sólo alcanza una cobertura de 5,5%, seis décimas más que en el año previo a la pandemia. “Más llamativo aún resulta que la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza 20,2 horas mensuales, dos décimas menos que en 2019, año previo a la pandemia”, ha apuntado la organización, según Europa Press.
Estos datos “tan limitados y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años”, según la entidad, “hacen inviable avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres”.
Asimismo, la entidad considera “necesario disponer de datos y referencias fiables para la planificación”. “Hace tiempo que venimos advirtiendo que la ratio que se utiliza para estimar la necesidad de plazas residenciales, tomando como referencia la población mayor de 65 años (5%) que resulta inadecuada en la sociedad actual”.
En este sentido, ha recordado que “la media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años, en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, en parte también, porque las personas desean, cada vez más, permanecer en su propia casa el mayor tiempo posible”.
Por ello, solicitan “al Imserso que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas, proveedores y entidades del sector”.
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