Vivienda
La información solicitada por esta institución pasa por las “medidas y/o planes que hayan adoptado, o tengan previsto adoptar, para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada, así como para incrementar el parque público de vivienda”.
Además de al citado ministerio y a las comunidades, la petición se dirige a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria.
Asimismo, se les ha requerido información concreta sobre el número de viviendas protegidas y asequibles incentivadas que existen en su territorio. También, el número de personas en espera de adjudicación de una vivienda sujeta a un régimen de protección pública o asequible incentivada, las medidas dirigidas a incrementar el parque de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública y de vivienda asequible incentivada o si existen áreas de mercado residencial tensionado y si se van a aplicar las medidas previstas al respecto en la Ley por el Derecho a la Vivienda.
A esto hay que sumar, detalla el Defensor en una nota, las medidas previstas para regular y en su caso limitar las viviendas destinadas a alquiler turístico, y las medidas dirigidas a ayudar al pago de los alquileres.
La institución que encabeza Ángel Gabilondo ha preguntado también al Ministerio de Vivienda sobre el contenido del próximo plan estatal en materia de vivienda, así como sobre los avances relativos a la constitución de la empresa pública de vivienda anunciada, y el grado de ejecución de los planes y programas de construcción de vivienda anunciados. Además, sobre cualesquiera otros instrumentos que haya puesto en marcha o vaya a adoptar con el fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada.
“El acceso a una vivienda en condiciones asequibles constituye, además de una necesidad básica de las personas, un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución que los poderes públicos deben hacer realidad, promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacerlo efectivo”, recuerda el Defensor del Pueblo.
Las dificultades para acceder a la vivienda “llevan tiempo siendo objeto de especial consideración” para esta institución, que así lo ha ido reflejando en sus últimos informes anuales.
La institución pone el acento en la necesidad de más viviendas protegidas, ya que “se da la circunstancia de que España destaca negativamente en el entorno europeo por su escaso parque de vivienda social, que solo representaba el 3,3% respecto del conjunto de los hogares o viviendas principales”, según datos del INE.
Frente a esto, en Países Bajos representa el 30% y en Francia 17%. La media europea es del 10%.
Ninguna comunidad ni ciudad se libra de los problemas para acceder a la vivienda, “pero es más intensa en aquellos territorios con más población y receptora de más turismo, y afecta en especial a los jóvenes y a las personas con menos ingresos, aunque también a los trabajadores desplazados, y a las personas y unidades familiares con ingresos medios”.
“Esto ahonda la desigualdad entre los ciudadanos y condiciona su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de los derechos, a juicio de la institución”, advierte.
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