La institución señala en un comunicado recogido por Europa Press, que aunque están en marcha «medidas de mayor calado» como la regularización de sectores y realojos, «estos son procesos complejos que necesitan varios años para resolverse» y «la situación actual –de falta de suministro eléctrico– no se puede mantener por más tiempo».
Según señala, cerca de 3.000 personas, de ellas 1.211 son niños, se ven afectadas por la falta de luz que «les impide tener una vida digna y que pone, en algunos casos, en riesgo la salud de muchos de los que allí residen».
Ante esta situación, recuerda a todas las administraciones implicadas, en el día de inicio del invierno, que la energía eléctrica es «esencial» para la protección de la salud de las personas, derecho reconocido en el artículo 43 de la Constitución.
Asimismo, señala que también es necesaria para garantizar el derecho a la educación, que consagra el artículo 27 de la Carta Magna y advierte de que «la falta de energía eléctrica está incrementando el absentismo escolar».
El Defensor pone de manifiesto la «gravedad» de la «prolongada privación de suministro», tras más de un año sin electricidad, que afecta «muy especialmente» a personas mayores, enfermos crónicos y niños.
Desde la institución, se recuerda, asimismo, que esta petición coincide con la realizada en junio de 2020 por los relatores de la ONU.
