La problemática respecto a las residencias públicas de mayores en la Comunidad de Madrid no se detiene. Las denuncias por falta de personal que han lanzado sindicatos y trabajadores se han multiplicado tras la muerte de una anciana en el centro de Arganda. Un suceso que no pasó por alto en la Asamblea de Madrid ni para el Defensor del Pueblo.
El organismo ha reclamado a la Consejería de Políticas Sociales y Familia del Gobierno de Cristina Cifuentes mejoras en estas residencias públicas. La petición es concreta: “El Defensor del Pueblo comparte con el resto de los agentes implicados su preocupación sobre la urgencia de que los centros y su personal se adapten a las nuevas necesidades estructurales y de carga de trabajo”. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid desmiente esta necesidad.
En varias ocasiones, el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, ha afirmado que se cumplen los ratios de profesionales que atienden a usuarios. Algo que no comparte el Defensor del Pueblo tras ver las “quejas recibidas en el último año” en las que se hace hincapié de “una pérdida de calidad en la atención a los mayores y escasez de personal y medios para ofrecer una atención adecuada a personas con un grado de dependencia cada vez más elevado”.
Por ello, la institución se ha dirigido al departamento que dirige Izquierdo para preguntar por las medidas previstas para mejorar las condiciones de atención en estos centros.
