Gregorio Serrano, director de la Dirección General de Tráfico (DGT)
El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio para aclarar el origen de la responsabilidad por el colapso de la AP6 y la A6 tras una nevada y en plena operación retorno el pasado 6 de enero. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se ha dirigido a los Ministerios del Interior y de Fomento solicitando información sobre el colapso en ambas carreteras que dejó a miles de vehículos atrapados.
Fernández Marugán ha pedido información sobre cómo se planificó la operación retorno, en concreto, las medidas de coordinación de los servicios adoptadas por ambos ministerios para su preparación y supervisión, asegura un comunicado del Defensor del Pueblo.
La Institución quiere conocer, además, la información facilitada por la Dirección General de Tráfico sobre las limitaciones en el uso de las vías A6 y AP6 y la incidencia en las condiciones del tráfico, previas y durante el 6 de enero, motivadas por las inclemencias meteorológicas previstas.
El Defensor del Pueblo recuerda que en el caso de la AP6, aunque se trata de una vía gestionada por una entidad privada, ésta actúa por medio de la oportuna concesión administrativa, en la que deberán constar sus compromisos contractualmente suscritos, para mantener un correcto y adecuado funcionamiento de la vía.
La Institución lamenta, por último, que en los últimos meses “con excesiva frecuencia” se está detectando un deficiente funcionamiento de los servicios públicos prestados, bien directamente por la administración o bien por medio de entidades privadas concesionarias (servicios de seguridad en aeropuertos, obtención del permiso de conducir, expedición del DNI y pasaporte, etc.) que deberían hacer reflexionar a las autoridades sobre tal situación para corregirla.
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