El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado este martes en el Congreso que iniciará una actuación de oficio con las comunidades autónomas y el Ministerio de Vivienda para conocer el número de viviendas públicas, las listas de espera y el estado de ejecución de los planes de construcción de vivienda pública. El objetivo es contribuir al debate público sobre el acceso a la vivienda y evaluar las medidas puestas en marcha por las Administraciones.
Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, solicitada por el PP, Gabilondo ha insistido también en la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública y en la importancia de tratar con rigor el fenómeno de la okupación, que, según los datos disponibles, no representa una crisis desbordada como algunos sectores afirman.
Investigación sobre el parque público y la regulación del alquiler
La actuación de oficio que liderará el Defensor del Pueblo pedirá a las comunidades autónomas información detallada sobre el número de viviendas públicas existentes, las personas en lista de espera, las medidas previstas para aumentar el parque de vivienda protegida y el alquiler asequible. Además, se preguntará a las comunidades si prevén aplicar las medidas de la Ley de Vivienda en áreas tensionadas y si tienen previsto limitar el alquiler turístico.
En paralelo, se solicitará al Ministerio de Vivienda el estado de ejecución de los planes de construcción de vivienda pública, social y de alquiler asequible. «Queremos conocer bien lo que se está haciendo», remarcó Gabilondo.
«Con esta actuación también estoy haciendo mi labor como Defensor del Pueblo», subrayó
Infravivienda y chabolismo: el ejemplo de la Cañada Real
Durante su intervención, Gabilondo invitó a los diputados y senadores a trasladar el debate parlamentario sobre vivienda a la Cañada Real Galiana, en Madrid, para comprobar de primera mano la gravedad de vivir sin un hogar digno.
«Allí podríamos ver lo que es de verdad no tener vivienda o vivir en situaciones de chabolismo e infravivienda», propuso
El Defensor del Pueblo reclamó un aumento significativo de la vivienda pública, preferentemente de alquiler, como medida fundamental para abordar el problema estructural de acceso a la vivienda en España.
Datos sobre la okupación: lejos de ser un fenómeno descontrolado
En relación con la okupación, Gabilondo aportó datos que desmienten el relato de una crisis alarmante. Según explicó, las sentencias por impago de renta han descendido de 14.514 en 2021 a 10.805 en 2023, según el Consejo General del Poder Judicial.
Asimismo, recordó que en 2024 se registraron 16.426 denuncias por allanamiento o usurpación, lo que representa un impacto máximo del 0,06% sobre el total del parque de viviendas (27 millones). De estas denuncias, solo el 14% corresponderían a ocupaciones ilegales de casas habitadas o segundas residencias.
«Nada en la estadística apunta a un fenómeno descontrolado», afirmó Gabilondo
Además, recalcó que un retraso o impago de alquiler no debe tratarse como un delito y que la okupación apenas preocupa al 2,6% de la población española.
Más quejas por desahucios que por okupación
Gabilondo destacó que el Defensor del Pueblo ha recibido más quejas sobre desahucios (unas 200 en 2024) que sobre okupación. En concreto, se registraron 45 quejas de vecinos por molestias derivadas de ocupaciones y 41 quejas de propietarios o arrendadores que vieron suspendido un desahucio.
Pidió evitar «lecturas extremistas» en este debate y alertó contra la demonización tanto de inquilinos como de propietarios.
«Es injusto creer que todos los que tienen piso son rentistas o que todos los ocupantes son perversos», matizó
Soluciones propuestas: más vivienda pública y ayudas al alquiler
Entre las soluciones planteadas, Gabilondo apostó por un aumento significativo de la oferta de vivienda pública de alquiler, sujeta a un régimen de protección permanente, y por el mantenimiento y mejora de los programas de ayuda al pago del alquiler para evitar el sobreesfuerzo económico de las familias.
Respecto a los desahucios, los calificó como «un drama social y humano» y abogó por medidas estructurales que hagan innecesarias las suspensiones temporales de lanzamientos.
