Según los últimos datos de la EPA, en el primer trimestre del año se registraron 1.033.700 personas asalariadas con contrato temporal en las administraciones públicas. Son 140.900 más respecto al mismo período año pasado. De esta manera, apunta el sindicato, la tasa de temporalidad se sitúa en el 30,4%, frente al 19,9% general (10,5 puntos más).
Además, el 68% de estos contratos temporales corresponden a mujeres, frente al 32% de los varones. Algo que evidencia que la precariedad se ceba especialmente sobre ellas.
Ante esto CSIF señala que las necesidades estructurales de personal en diferentes ámbitos hacen que las administraciones públicas afronten la pandemia con empleo precario. De hecho, recoge en una nota, en el último año se produjo un record histórico con 149.400 incorporaciones.
El sindicato se ha dirigido al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, para reclamarle que se aborde ya una negociación que permita “afrontar de una vez por todas el grave problema de la contratación temporal”.
“No puede ser que ámbitos fundamentales en la prestación de servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica”, critica. A este respecto, solicita una propuesta legislativa que “aporte seguridad jurídica y sancione la contratación fraudulenta”. También “eliminar la tasa de reposición y un incremento urgente de las plantillas con empleo estable”. Según sus cálculos, “se necesitan 106.000 empleos nuevos en los próximos 3 años y 289.235 plazas específicas para la Sanidad”.
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