El tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su impugnación el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de varios apartados desde el 26 de septiembre, fecha de interposición de la impugnación, lo que será comunicado al Ejecutivo canario.
El Gobierno, detalla en una nota el Constitucional, considera que el acuerdo impugnado puede vulnerar varios derechos fundamentales y también competencias autonómicas en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados.
