Rebelo de Sousa no promulgó dicha ley a la espera de que el Constitucional se pronunciara, alegando que no se había consultado a las autoridades de Madeira y de las islas Azores antes de adoptar una reforma que parte de sendos proyectos promovidos desde el Partido Socialista (PS) y desde el opositor Partido Social Demócrata (PSD).
El jefe de Estado afirma que los «nuevos tipos de drogas» tienen especial incidencia en estas dos regiones y apunta que las autoridades locales serán clave para aplicar la reforma, pero el tribunal ha entendido, por unanimidad, que no se trata de un tema sobre el que deban pronunciarse las administraciones regionales de manera previa, según la agencia de noticias Lusa.
La reforma sobre drogas equipara las nuevas sustancias a las clásicas, de tal manera que la posesión destinada al consumo deje de ser considerada delito, sin criterio alguno relativo al número de dosis.