La herramienta del decreto ley utilizada por el actual Gobierno de coalición ha sido uno de los aspectos criticados este martes por el presidente del PP, Pablo Casado, ya que, a su juicio, el marco laboral debe regularse con un proyecto de ley.
Incluso ha amagado con llevar el texto ante el Tribunal Constitucional: «Si no es un proyecto de ley, será el TC el que decide si el Gobierno está abusando con decretazos para no tener que acordar con sus socios o con el PP», ha aseverado.
En la última reforma laboral, la de 2012, el propio Tribunal Constitucional avaló el uso del decreto ley en un auto cuyo ponente fue el hoy consejero de Justicia de Madrid y miembro de la dirección nacional del PP, Enrique López.
LA SITUACIÓN DE CRISIS JUSTIFICABA EL USO DEL DECRETO
En dicho auto, que contó con votos particulares de tres magistrados, el Constitucional partió de la premisa que apreciar la existencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para legislar por decreto «constituye un juicio político o de oportunidad» que corresponde al Gobierno primero, y luego al Congreso.
El Tribunal Constitucional concluyó que la decisión no fue ni «abusiva» ni «arbitraria», tras justificarse la situación de crisis económica existente entonces y, sin entrar en un juicio de la oportunidad de la reforma, entendió que la elección del decreto cumple con su requisito, según el cual las medidas aprobadas deben estar en «conexión» con la situación de urgencia que las justifica.
Eso sí, tanto la reforma laboral del PP como la que llevó a cabo el PSOE en 2010, además de aprobarse por decreto ley, después fueron tramitadas como proyecto de ley en las Cortes Generales, abriendo la posibilidad de plantear enmiendas.
