El recurso de Vox, cuya ponencia ha recaído en el magistrado Ramón Sáez, se dirige contra las disposiciones finales cuarta, séptima y decimoséptima de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
La vicepresidenta jurídica de Vox, Marta Castro, explicó al presentar la impugnación que recurrían porque creen que la nueva ley es una “aberración jurídica” por “vulnerar todos los principios básicos del ordenamiento jurídico y la Constitución”.
Castro indicó que atenta contra los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia, ya que, a su juicio, la nueva regulación del consentimiento “invierte la carga de la prueba”.
Para los de Santiago Abascal, la ley deja “desprotegidas a las víctimas” y permite un “marco de discrecionalidad muy amplio de análisis por el juez, en cada uno de los casos”.
