«La confianza de la población ha sido puesta a prueba hasta el límite en algunos casos en los últimos tiempos a medida que emergen con regularidad escándalos de corrupción en los medios», ha reconocido en un comunicado el presidente de Greco, Marin Mrcela.
«Los ciudadanos tienen derecho a saber quién está influenciando las decisiones políticas», ha defendido, incidiendo en que «tener acceso a este tipo de información debería ser simple y rápido». Por ello, ha reclamado a los Gobiernos que adopten «reglas detalladas para evitar los riesgos de corrupción».
GRECO ha publicado este jueves su informe anual en cuya introducción Mrcela denuncia que algunos de los mayores escándalos en el último año han estado relacionados con los grupos de presión y «a menudo, pero no solo, con la COVID y el acceso privilegiado a contratos gubernamentales facilitado por el cabildeo».
Aunque la labor de los ‘lobby’ es legítima, «los ciudadanos deberían saber qué actores influyen la toma de decisiones políticas», ha defendido. En su opinión, una mayor transparencia y rendición de cuentas en este ámbito «puede fortalecer la confianza ciudadana en los sistemas políticos, la administración pública e incluso en la democracia».
En opinión de Mrcela, la frecuencia con la que se producen los escándalos de corrupción y la respuesta que reciben han hecho que los ciudadanos estén cada vez más «saturados y que quienes estén en la raíz de los escándalos se vuelvan más inmunes a la breve desgracia pública que podría seguir a tales revelaciones».
Además, el titular del GRECO lamenta que «en países donde no hay voluntad o capacidad para perseguir a las figuras corruptas que exponen, los periodistas a menudo se convierten ellos mismos en los objetivos». En este sentido, ha defendido que es «vital que las autoridades respeten la libertad de prensa y que quienes realizan una conducta corrupta paguen el precio por ello y no quienes la exponen».
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Por otra parte, GRECO ha publicado su listado de cumplimiento de las recomendaciones para la prevención de la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales.
En el caso de España, se sitúa en un término intermedio, con el 54,4% de las recomendaciones aplicadas, el 36,4% en aplicación y el 9,1% sin aplicar, muy lejos del 92% de Lituania, a la cabeza del ranking, y de Irlanda, en el otro extremo, con el 55% sin aplicar.
España figura entre los mejores por lo que se refiere a la aplicación de las medidas para prevenir la corrupción entre los parlamentarios, con un 75% cumplidas, mientras que en lo relativo a los jueces ya cumple el 50% de las recomendaciones.
El peor dato lo consigue en el apartado de las medidas contra la corrupción entre los fiscales, con un cumplimiento del 33,3%, si bien el resto de las 66,7% recomendaciones se están aplicando parcialmente.
