Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad
Los ‘hospitales de Aguirre’ de gestión privada han sido los grandes protagonistas de esta semana en la Asamblea de Madrid. Las irregularidades que detectaron los informes de la Intervención Central y el “despilfarro” con el pago del canon han estado muy presentes tanto en los medios como en las comisiones de investigación. Sin embargo, la calma se ha instalado en la Comunidad de Madrid.
El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha retado a la oposición a acudir a los tribunales si tiene algún dato que acredite la presunta malversación de fondos que ha denunciado Podemos en las últimas horas. “Como le dije al señor [José Manuel] López si Podemos, cualquier otro grupo o cualquier otro ciudadano tiene algún dato que acredite que estamos permitiendo la malversación de fondos, lo que tiene que hacer es ir a la Fiscalía”, ha aseverado el popular en declaraciones recogidas por Europa Press.
Y es que el reproche que ha lanzado la formación morada no sólo se dirige a la gestión del Gobierno de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, sino a la falta de acción del Ejecutivo de Cristina Cifuentes a los informes de la Intervención Central para revertir lo apuntado por los interventores. Un “despilfarro” que ha remarcado Podemos y que ha rechazado Sánchez Martos: “La palabra despilfarro no está en ninguno de esos informes”.
“Lo único que hacemos es escuchar a los expertos”, ha afirmado el consejero de Sanidad. Por ello, ha descartado realizar alguna auditoría externa o interna para analizar la situación real en esos hospitales de gestión privada. El popular no entiende que sea “necesario” pedir este informe que significaría, a su entender, “gastar más dinero cuando hay unos informes específicos subcomisados por Hacienda”.
En el caso de que la oposición decida dar el paso de llevar la cuestión a los tribunales, el titular de Sanidad ha manifestado que la Fiscalía encontrará “un consejero facilitador” ya que, según ha asegurado, el Gobierno regional tiene “tolerancia cero con la corrupción y transparencia 100% para seis millones y medio de personas”.
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