La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, durante su comparecencia en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, Madrid (España), a 30 de junio de 2020
El Pleno del Congreso votará este miércoles el decreto ley aprobado el pasado 16 de junio por el Gobierno con los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsable entre las comunidades autónomas para afrontar la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
En vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la propia Constitución establece que cada decreto ley ha de ser refrendado en el Congreso en un plazo de 30 días hábiles. Además de pronunciarse sobre su convalidación o derogación, los grupos pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley con el fin de proponer cambios en las nuevas normas a través de enmiendas.
Distribuido en cuatro tramos, el último de ellos será de 5.000 millones, e irán destinados a paliar los efectos de las autonomías por la caída de ingresos. En este sentido, 4.200 millones de este último tramo se distribuirán según el peso de la recaudación de 2017, 2018 y 2019 con ajuste de población.
En el caso de las comunidades con régimen foral, País Vasco y Navarra, tratarán bilateralmente con el Gobierno central la compensación que les corresponde en términos de déficit y deuda, y sí que se beneficiarán del resto de tramos: el destinado a Sanidad y el de educación.
Por otra parte, el decreto ley también recoge el permiso a las comunidades autónomas que haya generado superávit en 2019 gastarlo para financiar el déficit del 2020. De este modo, el País Vasco, Navarra y Canarias, que son las únicas regiones con saldo positivo el pasado año, pueden disfrutar de esta medida.
En lo que respecta al paquete para Sanidad, el Gobierno dota un primer tramo de 6.000 millones en cuyo reparto la población protegida equivalente pesa el 35%. Habrá una segunda parte de 3.000 millones, que se abonará en noviembre, y en la que el peso poblacional pasará del 40% al 45%.
El fondo para educación será de 2.000 millones y surge de una reorganización de la propuesta inicial. La población de 0-16 años pesará el 80% y el 20% restante, la de 17 a 24 años. Este fondo se pagará en septiembre.
En cuanto al tercer tramo, los 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, el Gobierno tiene previsto transferirlos en diciembre. La decisión final del reparto de este fondo se tomará en el Consejo Superior para la Coordinación y Dirección de la Gestión Tributaria, compartido por el Gobierno y las CCAA, además de Ceuta y Melilla.
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