El Congreso ha rechazado este miércoles una moción del PP, respaldada por Vox y Ciudadanos, que pedía al Gobierno romper la mesa de diálogo sobre el futuro de Cataluña abierta con el Ejecutivo que preside Quim Torra.
Los ‘populares’ habían elevado este debate al Pleno de esta semana tan sólo unos días después de que el presidente Pedro Sánchez asegurara no tener «ningún problema» en retomar ese foro el próximo mes de julio, como le viene reclamando Esquerra Republicana (ERC).
De hecho, este lunes, el vicepresidente del Gobierno catalán y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, aseguró, en los encuentros digitales de Europa Press, que la mesa debería volver a reunirse antes del 15 de julio.
Sin embargo, sólo Vox y Ciudadanos se han puesto del lado del PP para acabar con la mesa de negociación bilateral con Torra, puesto que tanto PSOE como Unidas Podemos han rechazado la ruptura, al igual que sus socios de investidura, esto es, ERC, PNV y Bildu.
En total, los partidos del centro derecha se han quedado en 153 votos, mientras que el Gobierno ha logrado el apoyo de 185 diputados, muy por encima de la mayoría absoluta de la Cámara.
Y REVOCAR EL NOMBRAMIENTO DE LA FISCAL DELGADO
Además de suprimir la mesa de negociación sobre Cataluña, el PP reclamaba poner fin a los trabajos para reformar el Código Penal por delito de sedición y revocar el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Asimismo, el PP planteaba que el Gobierno declarase «su compromiso inquebrantable con la democracia, la Constitución, la Ley y la convivencia como únicas garantías de la seguridad jurídica de todos los españoles», y que se comprometiera a mantener cualquier relación con la Generalitat de Cataluña dentro del marco constitucional vigente y las previsiones contenidas en el Estatuto de esa comunidad.
Los ‘populares’ aceptaron incluir a su texto unas enmiendas de Vox que pedían reincorporar en su puesto de trabajo a la cesada abogada del Estado Carmen Tejera, que defendió la comisión del delito de malversación cometido por los líderes independentistas durante el juicio del procés; premiar a los policías que participaron en el dispositivo desplegado en Cataluña tras conocerse la sentencia de procés; y renunciar a indultar a los condenados por su participación en el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017.
