Así se ha consumado el resultado previsible de esta votación, pues el PP, Vox, el PNV y Junts ya dijeron que tenían pensado votar en contra y suman mayoría absoluta.
De hecho, en el debate de la iniciativa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya asumía que el decreto iba a caer, aunque alegaba que había hecho lo «humanamente posible» para intentar sacar adelante la tasa.
El gravamen en cuestión supone una tasa sobre las empresas energéticas del país que ya se venía aplicando el año pasado y recaudó unos 1.100 millones de euros. A su vez, incluía bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades «esenciales» para la transición ecológica y la descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.
En concreto, se incluía una cláusula para conceder una bonificación máxima del 60% sobre la cuantía del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas que, eso sí, tendrá que evaluar el Ministerio de Transición Ecológica. Dichas inversiones podían ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.
Con este panorama, Podemos ya ha avisado al Gobierno de que romperá sus negociaciones con el Gobierno sobre los Presupuestos porque había pactado un impuesto, que no un gravamen, sobre las empresas energéticas.
