En concreto, el instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, acordó este miércoles solicitar el suplicatorio de Ábalos al apreciar «indicios bastantes» de la comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
El magistrado entiende que es momento de recabar la autorización de la Cámara para investigar al ahora diputado del Grupo Mixto y para ello redactará una exposición razonada a la Sala Penal del Supremo para que se envié al Congreso.
El suplicatorio es un procedimiento parlamentario que se instruye en la Comisión del Estatuto del Diputado, que preside el ‘popular’ Manuel Cobo y de la que forma parte un miembro de cada grupo parlamentario. Sus reuniones, dado los asuntos que tratan, son siempre a puerta cerrada.
Según han confirmado fuentes parlamentarias, este jueves la Cámara Baja ha recibido el procedimiento, a partir de ahí, la Mesa de la Cámara lo remitirá a la comisión, que dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para presentar una propuesta. En ese plazo deberá dar audiencia al también ex secretario de Organización del PSOE que podrá pronunciarse en persona o por escrito en el plazo que fije la propia comisión.
Una vez concluya su tarea, la comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.
Pero en este caso la tramitación choca con el mes de enero, en el que no hay actividad ordinaria salvo que la Mesa de la Cámara habilite a la comisión para ir celebrando reuniones y así ir avanzando trabajos.
El debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
En el plazo de ocho días contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
Por el contrario, el suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 33 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
En el caso de Ábalos, se da por segura la concesión del suplicatorio ya que incluso el PSOE ha adelantado que lo apoyará cuando tenga lugar la votación, ya que su deseo es esclarecer el caso lo antes posible y llegar hasta el final.
El último suplicatorio que salió adelante data de septiembre de 2022, cuando la Cámara dio vía libre al Supremo para investigar al fuera diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación, por contratos que realizó como alcalde de Trujillo (Cáceres).
En aquella legislatura se concedieron también suplicatorios a la expresidenta de Junts Laura Borràs, que acabó condenada por haber fraccionado contratos en favor de un amigo en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y a Alberto Rodríguez, que era diputado de Podemos. El Supremo le condenó por haber propinado una patada a un policía en una manifestación antes de ser diputado. Le impuso una multa y le inhabilitó para concurrir a las elecciones, lo que le costó el escaño. Después el Tribunal Constitucional anuló la condena, pero ya no pudo recuperar su acta.
En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
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