En el articulado del proyecto de Ley de Presupuestos de 2023, el Gobierno decidió aplicarse la subida salarial pactada con CCOO y UGT en la Mesa de la Función Pública, lo que supone un aumento del 4% respecto de lo que figuraba en el los Presupuestos vigentes. Con ello, el sueldo anual del presidente Pedro Sánchez será de 90.010,20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros.
En concreto, Hacienda pactó con los sindicatos adelantar este año una cláusula de compensación por el IPC en forma de subida del 1,5%, más un aumento de sueldo del 2,5% para 2023, que podría llegar 3,5% si se cumplen unas variables. Y el Ejecutivo decidió aplicar ese mismo aumento del 4% en las nóminas del presidente, las vicepresidentas y los ministros para 2023.
Esos porcentajes de subida, un 1,5% este año y el 2,5% en 2023, también se contemplaban para los diputados en los presupuestos del Congreso, pero al final el primer tramo sólo la van a disfrutar los funcionarios, ya que la Mesa del Congreso excluyó a los diputados. Queda pendiente la subida del 2,5%, que depende del futuro de los PGE.
El partido naranja, que ya se opuso públicamente a esa subida del 4% para Gobierno y los parlamentarios, presentó una enmienda para anular esa subida, ya que considera “del todo excesivo e incomprensible” que los altos cargos cobren un 4% más “en la situación económica actual de España y la presión que la crisis económica está suponiendo para los trabajadores, autónomos y empresas”.
En su enmienda, recogida por Europa Press, también planteaba dejar sin subida salarial a los órganos consultivos del Gobierno: el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social. La iniciativa ha sido tumbada con los votos de los partidos que apoyan al Gobierno, a los que se han sumado ERC, Bildu, PNV, Junts y Coalición Canaria.
La congelación que demandaba la formación naranja también habría afectado a los secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y asimilados, a los presidentes de las agencias estatales, los presidentes y vicepresidentes de las entidades públicas empresariales y demás entes públicos o, en su caso, los directores generales y directores de los citados organismos con funciones ejecutivas de máximo nivel.