Del mismo modo, obliga a reconocer la protección de estas trabajadoras frente al acoso, abuso y violencia en el trabajo; el derecho a recibir por escrito las condiciones de trabajo; el control de las horas de presencia; eliminar la figura del desistimiento; controlar la legalidad del salario por manutención y alojamiento; garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo; o garantizar el salario mínimo.
Durante el debate que se ha producido en la Cámara baja, la mayoría de formaciones han celebrado este paso, pero también han recordado al Ejecutivo que esta ratificación implica la puesta en marcha de las iniciativas y reformas necesarias para que se cumplan.
Del mismo modo, han llamado al Ejecutivo a reforzar la aplicación de las normas ya existentes que ya permitirían a estas trabajadoras a acceder a algunos de estos derechos que se incluyen en el convenio.
Además, partidos como ERC y CUP han exigido la derogación de la Ley de Extranjería para evitar la situación que viven muchas de estas profesionales del trabajo doméstico que se encuentran en situación administrativa irregular.
