El Congreso dará el martes el primer paso para derogar la ley del PP que limitó plazos para instruir casos de corrupción

El Pleno del Congreso dará el martes el primer paso para derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) impulsada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy con la que se limitó el plazo para la instrucción de los casos de corrupción, fraude, terrorismo o crimen organizado.

En concreto, el texto que se tomará en consideración será la proposición de ley registrada por Unidas Podemos para eliminar el artículo 324 de la citada ley, que limita la instrucción a seis meses con carácter general o a 18 si se trata de investigaciones expresamente declaradas complejas.

Será la tercera vez que la Cámara acepte tramitar esta derogación. Ya lo hizo, con el voto en contra del PP, en mayo de 2017 y en septiembre de 2019, pero en ninguno de los casos llegó a completarse la tramitación. La primera vez chocó con la constante ampliación del plazo de enmiendas que impusieron los ‘populares’ y Ciudadanos y la segunda decayó con motivo de las elecciones del pasado mes de noviembre.

EL PSOE TAMBIÉN LO REGISTRÓ

La propuesta del grupo confederal consta de un único punto que persigue la derogación del artículo 324 de la Lecrim. El PSOE registró en el Congreso una propuesta similar una semana antes que sus socios de gobierno, pero la que se tomará en consideración será la de los ‘morados’ por haber llegado antes al Pleno.

La reforma del PP fijó un plazo inicial de seis meses para la instrucción de causas penales con opción a que, antes de que expire ese tope, el instructor, a instancias del Ministerio Fiscal, pudiera declarar «compleja» la investigación si por circunstancias sobrevenidas no pudiera cerrarse en ese medio año. Si eso sucede, el plazo para la instrucción sería de 18 meses, si bien el juez podría prorrogar por otros 18, también a instancia del fiscal.

Ese plazo tope de instrucción posibilitó, por ejemplo, que el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del PP, fuera absuelto del ‘caso Pasarelas’ porque el magistrado dejó pasar los seis meses sin tomar declaración y la Fiscalía pidió tarde la declaración de causa compleja para poder ampliar el plazo.

SIN TENER MEDIOS NO SE PUEDE PONER TOPE

El grupo confederal justifica la presentación de su reforma legal en que no se puede acortar los plazos de investigación de sumarios sin incrementar los medios de los que dispone la Administración de Justicia.

Según arguye, no hacerlo equivale a introducir «serias dificultades» para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos, lo que cree que tendría «especial incidencia en las instrucciones más complejas», como suelen ser las de los grandes delitos patrimoniales, de defraudación y de corrupción, y la criminalidad organizada.

Además, aduce que el sistema instaurado por el PP «no impide la denominada ‘pena de banquillo’ e incluso puede favorecer que el Ministerio Fiscal dirija la acusación contra cualquier persona sin haberse podido completar la investigación de los hechos.

NO IMPIDE LA ‘PENA DE BANQUILLO’

«La otra opción es el sobreseimiento, con la consiguiente impunidad de hechos entre los que cabe intuir que se incluirán los de mayor gravedad, sancionados en el Código Penal, al ser los de más dificultosa investigación», continúa Unidas Podemos en la exposición de motivos de su reforma.

Asimismo, sostiene que la reforma del PP produce «inseguridad jurídica» y recuerda que hasta la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal alertó de que el establecimiento de esos plazos en la instrucción planteaba «zonas de penumbra» y de que las asociaciones de jueces y fiscales también la criticaron.

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