El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Y lo ha hecho, con una amplia mayoría: 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Todas las enmiendas que los diferentes grupos parlamentarios habían mantenido vivas han sido rechazadas.
La proposición impulsada por el PSOE busca “regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse”. Asimismo, establece “los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas, definiendo su marco de actuación, y regula las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido en esta Ley”.
De esta manera, con esta ley histórica, su busca reconocer el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.
“La decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico, después de haber sido informada adecuadamente por el equipo sanitario responsable”, recoge el texto de la iniciativa. Además, “en la historia clínica deberá quedar constancia de que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente”.
La Proposición de Ley ha salido adelante con los votos en contra de PP y Vox, que se han mostrado muy críticos. El popular Ignacio Echániz ha acusado al PSOE de aprobar esta norma “al final del último día, del último Pleno ordinario” y a través del procedimiento de proposición de ley, “sin informes técnicos ni jurídicos”, “sin audiencia pública”, “sin estudios demoscópicos recientes” o “sin permitir las comparecencias de expertos» entre otros, porque es «injusta, inoportuna e inconstitucional”.
Por su parte, la diputada de Vox Lourdes Monasterio, ha lamentado que después de esta “traición despiadada, inhumana e ilegítima”, los partidos a favor lo celebren “al tiempo que firman sentencias de muerte a los más débiles”. A su juicio, recoge Europa Press, se está “quebrantando el derecho a la vida” con esta norma y cree que el Estado prefiere esta decisión porque es “más fácil, más cómodo y económico”.
En este sentido, ha acusado a quienes han subido a la tribuna del Congreso a “hacer teatro de manera hipócrita y necia, usando la libertad y la compasión para legalizar el horror vivido en las residencias” y “ahorrarse el ingreso” en las mismas “de las personas mayores”.
“Recurriremos esta barbarie al Tribunal Constitucional”, ha anunciado.
