El Congreso aprueba la Ley de Memoria Democrática con la oposición de la derecha

Fachada del Congreso de los Diputados

Fachada del Congreso de los Diputados. (Foto: Eduardo Parra - Europa Press)

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones el Proyecto de Ley de Memoria Democrática y lo remite ahora al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. La Cámara ha dado luz verde con la oposición de los grupos de la derecha. PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra.

La iniciativa busca reparar a las víctimas de la Guerra y Civil y la dictadura. Así, defiende “la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática”. También plantea “el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual” desde el golpe de Estado, pasando por la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, hasta la entrada en vigor de la Constitución.

El texto declara como “ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar”, así como “el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura”.

Respecto al derecho a la justicia, se crea un Fiscal de Sala que se encargará de investigar “los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

A través de este texto, recoge el Congreso, se regula también un registro de víctimas “del golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978”. En este registro se anotarán las circunstancias respecto de la represión padecida, del fallecimiento o desaparición, así como el lugar y la fecha en que ocurrieron los hechos, y la fuente de la que procede la información.

Asimismo, el texto prevé la creación de un Banco Estatal de ADN de víctimas y un Consejo Territorial como órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, con participación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Junto a esto se recoge la retirada de condecoraciones, además de títulos nobiliarios, y la disolución de asociaciones que hagan apología del franquismo.