De este modo, como acordaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la modificación se llevará a cabo por la vía exprés y no tienen previsto aceptar cambios en otros artículos, aunque Sumar ya tiene anunciadas al menos dos enmiendas.
A partir de ahora se abre el plazo de enmiendas, que se debatirá este jueves, ya sean de totalidad con texto alternativo o parciales para modificar el articulado, y para aprobar la iniciativa y remitirla al Senado.
Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto “más acorde a los nuevos tiempos”.
Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
Esta reforma pretende cambiar la redacción a “las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas”. “Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”, se añade.
Además, en el segundo punto constará: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.
En 2018 hubo un primer intento de reforma que contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones para 2019 impidió que su tramitación continuara. En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE llegaron a dejar cerrada una redacción con discreción, pero no hubo clima ni tiempo para llevarlo adelante.
