Los incidentes estallaron el 13 de noviembre de 2020, cuando las Fuerzas Armadas marroquíes desplegaron efectivos en Guerguerat para poner fin a un bloqueo por parte de activistas saharauis, tras lo que el Frente Polisario acusó directamente a Rabat de violar el alto el fuego de 1991, que dio por roto, y apuntó a un reinicio de la guerra.
Así, el Polisario aseguró que la medida era una violación «deliberada» del alto el fuego y «una agresión directa» contra la población saharaui, por lo que declaró que actuaría «en legítima defensa» ante las acciones de Rabat, que arguyó que su decisión «»no tiene intención bélica».
El repunte del conflicto tuvo lugar apenas un mes antes de que el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Washington reconocía la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui, algo que ayudó a elevar las tensiones.
El anuncio de Trump llegó en el marco de un acuerdo mediado por su Administración para que Marruecos e Israel restablecieran sus lazos diplomáticos, en línea con los ‘Acuerdos de Abraham’, a los que se adhirieron en pocas semanas Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Sudán.
La decisión supuso satisfacer las mayores exigencias de Marruecos, que plantea únicamente una autonomía limitada para la antigua colonia española, frente a las peticiones de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) de una descolonización que derive en su independencia.
El anuncio de Trump fue respondido con dureza por parte del Polisario, ante el estancamiento de los contactos y las dificultades incluso para nombrar a un enviado especial de Naciones Unidas desde la dimisión en mayo de 2019 de Horst Koehler, proceso que se destrabó en septiembre de este año con la designación de Staffan de Mistura.
Sin embargo, el nombramiento de De Mistura –y la falta de claridad por parte de la Administración de Joe Biden sobre la decisión de Trump– no parece haber cambiado la situación y Rabat ha insistido en que no modificará su postura sobre su «integridad territorial».
En este sentido, el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, hizo hincapié esta semana en que habrá conversaciones con De Mistura pero únicamente sobre la posibilidad de la autonomía», una opción rechazada de plano por el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, quien en octubre denunció el «silencio cómplice» de Naciones Unidas sobre la situación.
En este contexto, el reinicio de las hostilidades ha sido recibido con una satisfacción en los campamentos de refugiados en Tinduf, donde los jóvenes se muestran «crecientemente escépticos» sobre la posibilidad de un acuerdo, ante la creciente frustración por sus duras condiciones de vida, según el ‘think tank’ International Crisis Group.
LAS TENSIONES RABAT-ARGEL
Los enfrentamientos han ido al alza durante los últimos meses y amenazan con derivar en un conflicto abierto entre Marruecos y Argelia –que respalda al Frente Polisario– tras la ruptura de relaciones por parte de Argel en agosto.
Argelia adoptó su decisión alegando «actos hostiles» por parte de Rabat y la falta de avances en la resolución del conflicto en Sáhara Occidental, algo que el Gobierno marroquí tildó de «injustificado» y fundamentado en «pretextos falaces».
Las tensiones bilaterales son previas al conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario –que data de antes de la retirada de España de su antigua colonia en 1975– y se retrotraen a la breve guerra que combatieron en 1962 tras la independencia argelina de Francia.
Así, Argelia acusó a Marruecos de respaldar a grupos islamistas durante la guerra civil (1991-2002) y cerró la frontera en 1994, mientras que este mismo año ha denunciado actos de espionaje por parte de Rabat a través de programas instalados en teléfonos móviles de funcionarios argelinos.
Estas tensiones alcanzaron un nuevo máximo la semana pasada, cuando Argel denunció la muerte de tres camioneros en un bombardeo ejecutado por Marruecos en territorio saharaui, algo de lo que Rabat también se ha desvinculado.
Argelia condenó el bombardeo y advirtió de que lo sucedido no quedaría «impune». En respuesta, fuentes gubernamentales marroquíes hablaron de «crisis inventada» y aseguraron que los camiones argelinos «atravesaron un campo minado con material militar para el Frente Polisario».
Apenas unos días antes, las tensiones se habían materializado en la decisión de Argelia de no renovar el contrato para la utilización del gasoducto Magreb-Europa, que transporta gas natural a España a través de Marruecos, por las «prácticas de carácter agresivo» de Rabat.
Por contra, el Gobierno argelino matizó que seguirá entregando gas natural licuado a través del gasoducto Mezgaz con cargamentos en barco, que suponen la mayoría de las entregas desde el país, si bien el calendario aún debe ser definido de forma bilateral para garantizar el suministro.
CRISIS DIPLOMÁTICAS CON EUROPA
Este último año ha sido además escenario de crisis diplomáticas entre Marruecos, Alemania y España, en medio de un endurecimiento de la postura de Rabat, que ha rechazado también abordar el conflicto saharaui con la Unión Africana (UA), en la que se reintegró en 2017 tras abandonarla en 1984 por el reconocimiento de Sáhara Occidental por parte del bloque.
Así, el Gobierno de Marruecos llamó a consultas en mayo a su embajadora en Alemania por los «actos hostiles» de Berlín, entre ellos su «actitud negativa» en relación al conflicto, después de suspender su cooperación con la Embajada y con otras instituciones alemanas en el país africano.
En el caso de España, la crisis se vio desencadenada por el traslado de Ghali para su hospitalización en Logroño después de que diera positivo por coronavirus. El líder saharaui llegó a Zaragoza en un avión argelino sin pasar controles fronterizos y fue ingresado bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.
El viaje provocó duros reproches por parte de Marruecos, si bien Ghali abandonó finalmente el país después de recuperarse y tras declarar por videoconferencia ante la Audiencia Nacional por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en Tinduf.
Marruecos sufrió además un duro varapalo en septiembre después de que el Tribunal General de la Unión Europea de anular el acuerdo pesquero entre la Unión Europea (UE) y Marruecos por incluir territorio de Sáhara Occidental, un veredicto aplaudido desde el Polisario.
La sentencia mantuvo sin embargo la aplicación de dichos acuerdos «durante un cierto periodo de tiempo» para «preservar la acción exterior de la Unión y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales», si bien el Polisario destacó que «si la UE quiere seguir haciendo negocios en Sáhara Occidental, ya saben a quién tienen que dirigirse».
La situación podría abrir un nuevo frente de conflicto, dado que el Polisario sostuvo que Marruecos no puede emitir permisos de pesca sobre un territorio que no está bajo su soberanía, al tiempo que mostró su disposición a «encontrar una fórmula» para «ayudar» a los pescadores españoles.
Por todo ello, el aumento de las tensiones en la región amenaza no sólo con la expansión del conflicto armado, sino con un impacto a nivel económico y social también en la otra orilla del mar Mediterráneo, lo que da una especial relevancia a los esfuerzos diplomáticos que pueda acometer De Mistura, para los que necesitará el apoyo de los principales actores internacionales implicados en el conflicto, entre ellos España.
