Consejo General Poder Judicial
“La aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena’”. Así lo destaca la Comisión Permanente del CGPJ en un comunicado en relación con las resoluciones judiciales conocidas estos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de garantía integral de la libertad sexual.
Según señala, dichas resoluciones judiciales, dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de esta norma, “resultan de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley tal y como dispone el artículo 117.1 de la Constitución Española”.
“Este Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 599.1.12ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitió el 25 de febrero de 2021 el correspondiente informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que fue aprobado por unanimidad”.
Un informe, “que fue remitido al prelegislador”, recuerda, en el que “constataba que el cuadro enológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’”.
Además, el CGPJ muestra su “más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos” en las últimas horas contra miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos, “que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual”.
“Este tipo de actuaciones”, sostiene, “minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección”.
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