Violencia machista
El Consejo Económico y Social de España (CES) ha aprobado esta mañana un dictamen sobre el anteproyecto de ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, a través el que pide una mayor valoración del papel de los interlocutores sociales en el fomento de la igualdad y en la prevención de la lucha contra la violencia de género.
A través de un comunicado, el CES destaca que el anteproyecto que prepara el Gobierno y que, según ha señalado este miércoles la ministra de Igualdad, Irene Montero, está «muy cerca» de iniciar su tramitación, «va más allá» del convenio de Estambul sobre esta materia, e introduce el desarrollo del derecho a la reparación.
Sin embargo, observa «cierta incongruencia» entre los objetivos declarados de la ley, el contenido de algunos artículos y el propio título de la norma, que sugiere «ajustar al establecimiento de un marco integral de protección de la violencia sexual contra las mujeres».
En concreto, CES considera que la referencia genérica a la garantía de la «libertad sexual» puede confundir a los destinatarios de una norma centrada en prevenir, tipificar, sancionar y reparar las vulneraciones a dicha libertad sufridas por las mujeres.
Con respecto al tratamiento de la infancia y la juventud menor de edad, el organismo estima que el anteproyecto «debería evitar solaparse y entrar en contradicción con el marco de protección integral contra la violencia específicamente enfocado a la infancia y la juventud menor de edad».
Por otra parte, el CES pide que el anteproyecto valore la aportación de los interlocutores sociales y el papel que les corresponde tanto en el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres como en la prevención y lucha contra la violencia en el trabajo.
En este sentido, señala que el texto del Gobierno «tendría que reformular el tratamiento de las cuestiones relacionadas con la violencia sexual en el ámbito laboral», de forma «coherente» y «respetuosa» con las atribuciones de las organizaciones sindicales y empresariales y, en particular, con el derecho a la autonomía colectiva.
De forma paralela, el CES aboga por depurar la técnica jurídica del anteproyecto en el caso de las reformas que se proponen al Código Penal para reforzar la lucha contra la violencia.
En el comunicado, recogido por Europa Press, también se pronuncian respecto a la previsible creación del distintivo «Empresas por una sociedad libre de violencia de género», sobre la que CES advierte de la importancia del rigor en su concesión para evitar erosionar la credibilidad y los objetivos de la propia norma.
Del mismo modo, propone impulsar la implantación de mecanismos de prevención, control y seguimiento de actos hostiles o humillantes que, en el ámbito laboral o funcionarial, pudieran resultar constitutivos de acoso contra las personas trabajadoras.
Finalmente, el organismo defiende una homogeneización de las víctimas de violencia sexual con las de violencia de género y terrorismo en lo que respecta a sus derechos de movilidad geográfica, al mismo tiempo que ve necesario asegurar una protección adecuada a todas ellas, lo que requiere de los instrumentos económicos necesarios.
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