El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha firmado este lunes el acuerdo que permite el uso del catalán, el euskera y el gallego en las sesiones plenarias del Comité Económico y Social Europeo (CESE). Este paso supone un avance en el objetivo del Gobierno de promover la identidad nacional plurilingüe en el seno de las instituciones europeas.
El CESE, órgano consultivo de la UE compuesto por 329 representantes de organizaciones de trabajadores, empresarios y otros grupos de la sociedad civil, dio luz verde a esta medida el pasado 25 de febrero. De sus miembros, 27 son españoles. Su función principal es emitir dictámenes sobre cuestiones comunitarias para la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, actuando como puente entre las instituciones europeas y los ciudadanos.
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores ha mostrado su satisfacción por la decisión del CESE de «extender el uso de las lenguas cooficiales españolas a las intervenciones de sus miembros en las sesiones plenarias». Esto, subraya, alinea al Comité con el Consejo de la UE y el Comité Europeo de las Regiones, donde ya se permite el uso de estas lenguas.
«La promoción del uso de las lenguas cooficiales en la Unión Europea es una prioridad del Gobierno para acercar las instituciones a la ciudadanía», ha recalcado Exteriores
El Gobierno mantiene su compromiso de trasladar a Europa la pluralidad lingüística de España, defendiendo que las lenguas cooficiales forman parte esencial de la vida política, administrativa y social en sus respectivas comunidades autónomas.
El Ejecutivo español sigue trabajando en otros frentes para consolidar este avance lingüístico. En agosto de 2023, solicitó al Consejo de la UE la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico europeo, actualmente compuesto por 24 idiomas oficiales. Esta petición surgió del acuerdo alcanzado con Junts para su apoyo en la investidura de la nueva legislatura.
La inclusión de nuevas lenguas en el reglamento europeo requiere la unanimidad de los Veintisiete, algo que todavía no se ha logrado
Algunos Estados miembros han expresado dudas, temiendo que la aceptación de estas lenguas pueda sentar un precedente para otras minorías lingüísticas europeas. Para superar estas reticencias, el Gobierno español se ha comprometido a asumir los costes derivados, que Bruselas ha estimado en 132 millones de euros.
Paralelamente, el Ejecutivo ha solicitado al Parlamento Europeo la autorización para que el catalán, el euskera y el gallego puedan usarse en sus plenos mediante un acuerdo administrativo similar al de otras instituciones.
La decisión corresponde a la Mesa de la Eurocámara, que aún no se ha pronunciado. No obstante, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, ha encargado un informe para evaluar las implicaciones del uso de estas lenguas en las sesiones.
Desde Exteriores recuerdan que «las lenguas cooficiales españolas se usan con normalidad en la mayor parte de las instituciones europeas, igual que en España en ambas cámaras legislativas y en la administración pública de las comunidades autónomas con lenguas propias».
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