El Canal de Isabel II recurre de nuevo a abogados privados. La empresa pública busca un bufete que lo defienda en la causa por el ‘Lezo’, en la que está personada como acusación particular para resarcir el daño patrimonial que presuntamente ha sufrido.
Así lo desvela la SER, que señala que el contrato está ahora mismo en fase de licitación. Aún no ha sido adjudicado, pero el Canal esta dispuesto a gastar más de 63.000 euros en una defensa en la que se incluiría también la de su filial Canal Extensia.
El contrato contempla la asistencia jurídica para ambas empresas en la fase de instrucción en la que se encuentra ahora mismo este caso, así como desde la apertura de juicio oral hasta que haya sentencia firme. La cantidad a pagar incluye también los gastos en dietas y desplazamientos y el Canal se reserva el derecho de solicitar el cese de la representación de Extensia.
Fuentes de la empresa pública afirman que se vuelve a echar mano de un bufete privado porque el servicio jurídico propio no incluye un despacho penal. Además, desconocen si lo hay en la Comunidad de Madrid, a la que también podrían haber acudido para su representación letrada.
Esta práctica no es nueva para el Canal. Entre 2003 y 2016 la empresa pública facturó 12’5 millones de euros a casi 50 despachos de abogados, muchos de ellos ligados al PP. Es más, tal y como recuerda la SER, llegaron a contratar el despacho de Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales imputados de la trama Lezo, cuando ya trabajaba en el Canal.
