El boom de los bonos verdes alimenta las sospechas de ‘greenwashing’ y el celo de los reguladores

Cambio climático

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La mayor concienciación social ante el cambio climático ha impulsado un auténtico boom en la emisión de bonos verdes, con cifras récord que prometen quedarse atrás en poco tiempo. Sin embargo, ha traído también crecientes sospechas de actividades de ‘greenwashing’ ante los agujeros que tiene la todavía incipiente regulación de este mercado.

La emisión de bonos verdes alcanzó la cifra récord de 517.400 millones de dólares en 2021, un 74% más que los 297.000 millones del año anterior, según datos de Climate Bonds Initiative, ONG que promueve las inversiones para combatir el cambio climático. Según publica Financial Times, ahora espera que la emisión anual de bonos verdes supere el hito del billón de dólares por primera vez este año, ya que las estimaciones de la financiación de la deuda necesaria para hacer frente a los riesgos del cambio climático siguen aumentando.

Se calcula que solo la UE necesitará 350.000 millones de euros de inversión adicional cada año durante esta década para cumplir su objetivo de reducción de emisiones para 2030, además de otros 130.000 millones de euros para otros objetivos medioambientales.

“La transición energética [limpia] se acelerará sin duda a partir de ahora y los bonos verdes ocuparán un lugar destacado en su financiación”, afirma al diario británico David Furey, responsable de estrategias de renta fija en Europa de la gestora de activos State Street Global Advisors.

La Climate Bonds Initiative ha pronosticado que la emisión anual de bonos verdes tendrá que alcanzar los cinco billones de dólares ya en 2025 si se quiere que la economía mundial se mantenga en la senda de conseguir unas emisiones netas de carbono nulas a mediados de siglo.

Pero esta rápida expansión del mercado de bonos verdes plantea un problema tanto para los reguladores como para los inversores, que temen que pueda fomentar el ‘greenwashing’, como se denomina cuando las empresas hacen afirmaciones medioambientales exageradas o falsas que les ayuden a conseguir dinero de los inversores.

Por ejemplo, la Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong recaudó en enero 1.000 millones de dólares a través de un tramo de bonos verdes para ayudar a financiar el desarrollo de una tercera pista de aterrizaje, un proyecto que los defensores del medio ambiente han denunciado que supondrá un riesgo adiocional para los delfines blancos chinos, que ya están en peligro de extinción.

“Esto constituye un puro greenwashing”, afirma Paul Schreiber, que supervisa las instituciones financieras en Reclaim Finance. Schreiber añade que la etiqueta verde de los bonos del aeropuerto pone en duda la credibilidad de los compromisos climáticos asumidos por los 11 bancos que se encargaron de venderlos, ya que es cuestionable cómo pueden cumplir sus propios objetivos de emisiones netas cero y al mismo tiempo apoyar el crecimiento del tráfico aéreo.

En la actualidad, los bonos verdes pueden emitirse con arreglo a una serie de normas y directrices voluntarias elaboradas por organismos comerciales como la International Capital Markets Association y la Climate Bonds Initiative.

Normativa obligatoria

Pero los gobiernos y los reguladores empiezan a preguntarse si estas normas voluntarias siguen siendo apropiadas, dado el papel fundamental del mercado de bonos verdes para lograr la transición a una economía baja en carbono.

Paul Tang, ponente del Parlamento Europeo para los bonos verdes, ha pedido una revisión para determinar si deben aplicarse normas obligatorias para evitar el greenwashing. Su intención es que se mejoren las normas de divulgación e información que obliguen a los emisores a demostrar que los ingresos de las ventas de bonos verdes se utilizan adecuadamente para financiar proyectos aprobados según la taxonomía de financiación sostenible de la UE.

Tang también quiere garantizar que los inversores puedan confiar en las declaraciones sobre los bonos verdes, asegurándose de que cualquier declaración o información medioambiental sea examinada por un revisor externo independiente bajo la supervisión de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés), el organismo de vigilancia financiera de la UE.

Sin embargo, Trzcinka, de Impax Asset Management, que invierte en bonos verdes desde 2008, no está a favor de las normas obligatorias. “Las normas voluntarias actuales funcionan bien”, afirma. “No queremos aumentar los costes asociados a la emisión de bonos verdes ni limitar la innovación después de pasar tanto tiempo intentando establecer el mercado”.