Si se lleva a cabo, los gobiernos de todo el mundo ganarán 150.000 millones de dólares más al año de ingresos por el impuesto de sociedades, señala Financia Times. Aunque las multinacionales pagarán más, obtendrán igualdad de condiciones, asegurando que sus competidores no puedan pagar menos que ellas. Además, se aplacará parte del enfado de la opinión pública, suscitado tras la crisis financiera de 2008, por el uso de los paraísos fiscales por parte de las multinacionales.
Los países deben legislar para aplicar el tipo mínimo global del impuesto de sociedades del 15% -conocido como ‘segundo pilar’ del acuerdo fiscal global- antes de finales de 2022, para que entre en vigor a partir de 2023.
Este tipo mínimo global será la parte “fácil”, señala a Financial Times Reuven Avi-Yonah, profesor de Derecho de la Universidad de Michigan. “No requiere un cambio en los tratados fiscales”. “En realidad, sólo se necesita el acuerdo de las grandes economías, donde tienen su sede la mayoría de las multinacionales, para hacerlo realidad”.
La parte más difícil del acuerdo fiscal se centra en cómo conseguir que las mayores multinacionales del mundo paguen más impuestos donde realmente realizan sus ventas, en lugar de donde tienen presencia física. Esto es necesario para evitar la amenaza de guerras comerciales impulsadas por políticas fiscales como los impuestos sobre los servicios digitales.
El asunto se centra en empresas tecnológicas estadounidenses como Amazon, Google, Apple y Facebook. Google UK, por ejemplo, pagó 50 millones de libras en concepto de impuesto de sociedades el año pasado, a pesar de que su filial británica registró unos ingresos de 1.800 millones de libras. Esto se debe a que Google UK se utiliza principalmente como división de marketing y ventas de su operación europea, que tiene su sede en Irlanda, donde los impuestos son más bajos.
El reto es conseguir que los países acepten esta reasignación de derechos fiscales, conocida como el ‘primer pilar’ del acuerdo, pero ello requiere una serie de cambios simultáneos en la legislación fiscal mundial.
Una forma de conseguirlo sería que los 137 países firmantes del acuerdo fiscal modificaran su red de tratados fiscales bilaterales, pero eso lleva mucho tiempo. Una forma más rápida, recomendada por la OCDE, es promulgar un convenio multilateral jurídicamente vinculante que los países firmen y luego ratifiquen en sus países, señala el diario británico.
Los países están trabajando en la OCDE, para redactar un convenio de este tipo. El objetivo es llegar a un acuerdo sobre su aplicación en torno al mes de abril; entonces, cada país tendría que ratificar el convenio en su propia legislatura a tiempo para que las normas entren en vigor en 2023.
Pero este tipo de tratados internacionales suelen ser anatema para EEUU, y los senadores republicanos se oponen a ello.
El gobierno de Biden cree que puede hacerse a través de un acuerdo del Congreso que se aprobaría por una mayoría simple del Senado, con el voto de calidad del vicepresidente, en lugar de la mayoría de dos tercios que se requiere para la ratificación del tratado. Pero no está tan claro que esta fórmula sea válida.
Dan Neidle, socio fiscal británico del bufete de abogados Clifford Chance, advierte que los intentos de eludir el problema mediante un acuerdo que no fuera un tratado como tal podrían ser objeto de recursos legales en EEUU y otros países.
“Todo el mundo sabe que esto [la aplicación] es un problema “, añade Pascal Saint-Amans, jefe de administración fiscal de la OCDE. “Pero la hipótesis de trabajo es, y tenemos señales muy fuertes de la administración estadounidense… de que sucederá”.
Otros son más escépticos. “Mi opinión es que el primer pilar no puede aplicarse en EEUU”, apunta Avi-Yonah. Cualquier “solución” que la administración intente para eludir la aritmética del Senado sería “novedosa”, añadió Mindy Herzfeld, profesora de práctica fiscal en la Facultad de Derecho Levin de la Universidad de Florida.
El primer pilar también está en riesgo
Mientras tanto, incluso la capacidad de EEUU de aprobar la reforma del impuesto mínimo global parece cuestionable. El proyecto de ley sobre las reformas está incluido en el proyecto de ley de infraestructuras de 1,75 billones de dólares de la administración Biden, pero tiene dificultades para ser aprobado por el Congreso.
Si EEUU u otra economía importante no ratifican esta parte del acuerdo, podría descarrilar todo el proyecto, han advertido algunos de los implicados.
Países en desarrollo, que se quejan de que el acuerdo les reportará pocos ingresos fiscales, podrían negarse a aplicar el resto.
También podría producirse una guerra fiscal transatlántica cuando países europeos como Francia, Austria, Italia, España y Reino Unido vuelvan a imponer a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses los impuestos sobre los servicios digitales que habían acordado eliminar a cambio de la aplicación del acuerdo global.
La OCDE quiere que todo el acuerdo entre en vigor en 2023. Pero las anteriores reformas del sistema fiscal internacional han llevado a los países una media de dos años para su introducción, y algunas han tardado hasta siete años.
