La repetición electoral supone un coste directo de 140 millones de euros a las arcas del Estado y la paralización del normal funcionamiento de la Administración, provocando una merma en la calidad de los servicios públicos por la falta de inversión.
Así lo asegura la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, quien lamenta el bloqueo político tras la falta de acuerdo para la investidura
A juicio de este sindicato, como de CCOO y UGT, el bloqueo está provocando “una parálisis con graves consecuencias en el desarrollo de las políticas públicas que, entre otras cosas, han de actuar en estos momentos como dique de contención” para frenar una posible desaceleración económica.
Según apuntan en un comunicado, esta situación afectará no solo a las retribuciones de los empleos públicos (que deberán estar pendientes de un nuevo Real Decreto del gobierno en funciones), “sino también a la financiación de las comunidades autónomas en ámbitos fundamentales de nuestro Estado del Bienestar y de Derecho como son la educación, la sanidad, los servicios sociales, o la Justicia”.
Tal y como recuerda CSIF, las plantillas de las administraciones públicas todavía arrastran un déficit de más de 100.000 empleos respecto a 2011, cuando comenzaron los recortes. La temporalidad en las administraciones supera ya a la del sector privado.
