Consejo General Poder Judicial
Los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart –del lado conservador– y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach –por parte progresista– han estado reunidos durante más de dos horas como parte de este segundo encuentro, al que acudían ya con un primer acuerdo por el cual decidieron que los dos candidatos al TC saldrían de los magistrados del Tribunal Supremo (TS).
Los representantes progresistas, tal y como se comprometieron, han ido a la reunión de este miércoles con nueve aspirantes, entre los que destacan Pablo Lucas, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano, la primera mujer en presidir una Sala (la de lo Social) del alto tribunal; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga.
Completan la lista los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Isabel Perelló y Ángeles Huet, así como el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde –que formó parte de esa misma sala y del actual CGPJ– y la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Viroles.
No obstante, los portavoces conservadores aseguran que no han recibido ninguna candidatura de ningún magistrado del Supremo, «más allá de un mero contacto breve, informal e inicial mantenido por una sola persona con algún vocal a título individual», según reza el comunicado difundido tras el cónclave.
El bloque conservador ya acudió a la primera reunión sin candidatos y todo auguraba que hoy ocurriría lo mismo. Las citadas fuentes indican que el sector conservador confía en que la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, a finales de mes sirva para desatascar las negociaciones en torno al Poder Judicial, de acuerdo con las citadas fuentes.
Reynders dijo el martes en declaraciones a la prensa que durante su estancia en España, entre el 29 y el 30 de septiembre, podría no limitarse solamente a pedir diálogo entra las fuerzas políticas para que pacten la renovación del CGPJ sino implicarse directamente.
Las fuentes apuntan que un acuerdo global –que abarque tanto Consejo General del Poder Judicial como Tribunal Constitucional– podría ser la fórmula mágica para acabar con el bloqueo en ambas instituciones.
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