Mes tras mes, el gasto en pensiones va batiendo nuevos récords y ya supera los 9.600 millones mensuales. Y la tendencia irá a más en los próximos años debido al envejecimiento de la población, según analiza el Banco de España en su último ‘Informe Anual’, conocido hoy, en el que aboga por introducir el factor de sostenibilidad, actualmente suspendido, y recuerda el coste que supondría posponer las reformas.
España gasta actualmente una cifra equiparable a un 10,8% de su PIB en pensiones, porcentaje que podría elevarse en los próximos 30 años hasta el 16,7%, de acuerdo con datos de la AIRef. En ese sentido, el Banco de España considera que “conviene explorar políticas que refuercen el vínculo entre la cuantía de la pensión contributiva recibida y las contribuciones realizadas durante toda la vida laboral y la esperanza de vida prevista en el momento de la jubilación, así como la transparencia y la predictibilidad del sistema de fijación de las prestaciones”.
Manteniendo el sistema de reparto y de prestación definida actual, señala la institución que dirige Pablo Hernández de Cos, “el grado de contributividad del sistema puede reforzarse mediante la introducción de factores de sostenibilidad que ajusten la cuantía de las pensiones al aumento de la esperanza de vida y al crecimiento del PIB”, como ocurre en Alemania o como se contempló en el factor de sostenibilidad introducido en la reforma de 2013, cuya aplicación se suspendió hasta 2023.
El factor de sostenibilidad, que adecua la pensión a la esperanza de vida, supone en la práctica un recorte en toda regla para los pensionistas. En principio estaba previsto que entrase en vigor en enero de 2019, pero un acuerdo entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV para sacar adelante los Presupuestos lo retrasó hasta 2023. El socialista Pedro Sánchez no parece tener prisa por incorporar esta media a su Gobierno. De hecho, en su programa electoral prometió una reforma del factor de sostenibilidad.
No es la única recomendación del Banco de España, que apuesta además por la incorporación de “algunos de los elementos de transparencia” que inspiran los modelos en los que las cotizaciones “se contabilizan en una cuenta individual sobre la que se aplica una revalorización en función de determinadas variables demográficas y económicas (como es el caso de Suecia)”. A su juicio, “contribuiría a aumentar la disponibilidad de información sobre los derechos de pensión acumulados, que resulta esencial para que los trabajadores adopten, con la anticipación necesaria, las decisiones de ahorro para la jubilación más adecuadas a su perfil de necesidades de gasto, renta y riqueza”.
Asimismo, “el aumento del ahorro para la jubilación puede complementar las prestaciones del actual sistema público de pensiones”. En 2017, el volumen total de los activos en fondos de pensiones era en España del 13,6% del PIB, algo superior al de Italia, Francia o Alemania (del 10,1%, del 9,8% y del 6,9%, respectivamente), frente al 50,6% en el promedio de la OCDE. Por otra parte, “la conversión de la riqueza acumulada en flujos de renta durante la jubilación requiere de innovaciones financieras que permitan ofrecer productos adecuados a una longevidad mayor y más incierta”, señala el Banco de España.
“La reforma del sistema público de pensiones debe garantizar, además de la sostenibilidad financiera y la suficiencia de sus prestaciones, una distribución equitativa de sus costes y beneficios entre las generaciones actuales y las futuras”, advierte además la institución. En este sentido, “retrasar las necesarias reformas del sistema público de pensiones contribuye a que dicha distribución tenga que hacerse de manera menos equitativa y con el coste de una mayor incertidumbre, lo que perjudica las decisiones de ahorro y de oferta de trabajo de las generaciones actuales”, avisa por último la institución.
