El BCE pide explicaciones a BBVA sobre los directivos imputados por el caso Villarejo

El Banco Central Europeo (BCE), a través de sus equipos de Supervisión, ha pedido explicaciones a BBVA sobre la situación legal de los directivos imputados por la Audiencia Nacional por los encargos que el banco habría realizado bajo presidencia de Francisco González al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo. El supervisor ha mostrado a BBVA su descontento con la situación y le ha urgido a tomar las medidas necesarias para evitar un potencial riesgo reputacional.

Informa expansión.com que fuentes financieras aseguran que el banco ha remitido al supervisor toda la información solicitada y ha resuelto todas las dudas planteadas. El BCE, tras escucharle, ha decidido no adoptar ninguna medida en relación con ninguno de ellos.

Aclara dicho medio que el supervisor europeo tiene poderes para hacer recomendaciones o tomar medidas más duras en relación con cualquier miembro del consejo, sea o no ejecutivo, y de la cúpula de una entidad supervisada si un cambio de situación legal le hace incumplir dichos requerimientos de idoneidad. Sin embargo, esta prerrogativa sólo aplica al organigrama de primer nivel, hasta la categoría de director general. Y ninguno de los imputados de BBVA tiene esta condición.

Y explica que expansión.com que si en el transcurso de la investigación, el juez García Castellón incluye entre los investigados a directivos de primer nivel, el supervisor abriría de inmediato un proceso de recopilación de información y de recomendación de actuaciones. La normativa le permite, incluso, exigir renuncias.

De la lista de investigados, el directivo con mayor nivel jerárquico de entre los que siguen en el banco es Javier Malagón, alto ejecutivo en el departamento de Finanzas, pero su rango está un escalón por debajo del corte que establece el BCE. Ricardo Gómez Barredo, otro de los imputados, es consejero independiente de Garanti, una de las filiales de BBVA, pero al tratarse de un banco turco está fuera de la jurisdicción del BCE. Y dos de los ocho investigados ya no trabajan en el banco, y por tanto no cabe actuación del supervisor. Se trata del ex consejero delegado Ángel Cano y del exjefe de Seguridad, Julio Corrochano.

La decisión del juez García Castellón de citar como imputados a varios directivos de BBVA “no es un tema bonito” pero, al menos hasta ahora, no ha generado problemas de estabilidad de la entidad. Los equipos de inspección del BCE no han detectado, en sus labores ordinarias, ningún hecho que les induzca a pensar que la situación está dejando huella en la entidad. Fuentes conocedoras afirman que no se ha visto nada extraño que provoque preocupación en el BCE. Cosa distinta es que todos estos hechos ocupen a los responsables de la institución, como no puede ser de otra forma.

En todo caso, cabe recordar lo que dijo hace unas semanas el vicepresidente del BCE durante su intervención en el curso de la Apie en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Luis de Guindos señaló que “el [informe] forensic importante es el judicial”, porque es el que puede establecer responsabilidades penales que, entonces sí, obligarían al BCE a tomar decisiones y a exigir a BBVA que adopte medidas especiales.

Mientras no exista una sentencia judicial, y ello puede tardar varios años en el supuesto de que el juez acordara la apertura de juicio oral, el BCE no puede hacer nada salvo, en un caso extremo, pedir que el banco adopte medidas correctoras de actuaciones. Subrayando que, en todo caso, la evolución de los acontecimientos va a depender de las declaraciones de los investigados.

El ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano y otros cuatro altos cargos de la entidad están citados este jueves a declarar en calidad de investigados por presuntos delitos de cohecho activo y revelación de secretos por los encargos que el banco habría realizado a Villarejo.

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