Según la memoria anual de las actividad de supervisión del BCE, de esta cifra, un total de 476,5 millones de euros corresponde a la factura de los honorarios para entidades significativas, supervisadas directamente por el BCE, mientras que las entidades o grupos menos significativos deberán abonar 37,8 millones.
Los costes globales de supervisión del año pasado fueron de 535,3 millones de euros, lo que representa un ligero descenso del 0,3 % en comparación con 2019, aunque al descontar el superávit de 22 millones de euros transferido de 2019 y un reembolso de 1 millón de euros por tasas individuales, la cifra que el BCE cobrará en el segundo trimestre de 2021 a las entidades de crédito se reduce a 514,3 millones de euros.
El BCE había estimado inicialmente los costes de las actividades de supervisión para 2020 en 603,7 millones de euros, un 12% más que en 2019, aunque el impacto de la pandemia determinó un cambio significativo en la priorización de las actividades, que se concretó, por ejemplo, en la reducción de las visitas periódicas a las entidades y de las inspecciones in situ, así como en el aplazamiento de la prueba de resistencia a escala de la Unión Europea para 2020 organizada por la Autoridad Bancaria Europea, por lo que el gasto del año fue menor de lo esperado.
En este sentido, el BCE ha precisado que los gastos en viajes de trabajo descendieron en más del 80% representando un importe de 2,4 millones de euros, mientras que la institución gastó 30,4 millones de euros en servicios de consultoría, menos de la mitad del gasto realizado en 2019. Este descenso se debe principalmente a la conclusión de la revisión específica de los modelos internos.
No obstante, este descenso de los gastos operativos se vio parcialmente compensado por el aumento de la plantilla aprobado para 2020 y por una demanda considerable de servicios de tecnologías de la información compartidos, dado que la mayor parte del personal trabajó en remoto.
El BCE espera una vuelta gradual a niveles de actividad más normales este año, lo que se refleja en un gasto estimado para 2021 de 594,5 millones de euros, que se cobraría a las entidades de crédito en el segundo trimestre de 2022.
