El BCE esconde a los auditores europeos su papel en el rescate a Grecia

Los auditores del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea han realizado un informe sobre el trabajo de las instituciones en la crisis financiera griega. La conclusión a la que han llegado es que hubo muchas deficiencias y falta de cálculo en el diseño de las medidas exigidas al Gobierno heleno. Sin embargo, el informe ha quedado incompleto porque una de las piezas angulares de la operación ha optado por esconder su documentación: el BCE.

Los auditores de la UE intentaron sin éxito examinar el papel del Banco Central Europeo (BCE) en los programas griegos. La institución financiera presidida por Mario Draghi no dio credibilidad a los funcionarios del Tribunal de Cuentas Europeo y prefirió guardar para sí toda información relativa al rescate heleno.

Así lo confiesa el órgano fiscalizador, que admite no poder informar sobre el papel que tuvo el BCE en las operaciones.

En cualquier caso, la voluntaria falta de información del BCE no ha sido óbice para que el informe haya constatado lo que para los griegos es evidente: la intervención en Grecia ha estado llena de deficiencias que no han revertido gran parte de los problemas económicos y sociales del país.

Más de 360.000 millones de euros destinados para que la deuda griega no haya dejado de crecer, el desempleo se haya cronificado y la economía se haya retraído en un 25%. Los cálculos de las instituciones prestamistas han sido erráticos desde el inicio hasta el final, si es que hay un final.

Por ejemplo, después del primero de los tres rescates, la Comisión Europea vaticinaba una tasa de paro del 14,7% en Grecia para el año 2013. Finalmente fue del 27%. En estos momentos la tasa afecta a uno de cada cuatro griegos.

“Los programas ayudaron a recuperarse a Grecia solo de forma limitada y a mediados de 2017 aún no habían logrado restablecer la capacidad del país para financiar sus necesidades en los mercados”, admite el Tribunal de Cuentas de la UE en su informe.

Entre los errores principales, la “falta de transparencia” en el FMI, BCE y MEDE y la inexistencia de planificación para determinadas cuestiones. Por ejemplo, los auditores consideran que “la Comisión no justificó lo suficiente algunas medidas fundamentales (por ejemplo, las subidas del IVA y los impuestos especiales) mediante la aportación de un análisis de opciones alternativas y sus consecuencias”.

Además, señalan que el sector financiero se reestructuró sustancialmente, pero a costa de inyectar más de 45 000 millones de euros en el sistema bancario, de los cuales posiblemente solo pueda recuperarse una pequeña parte. Concretamente el 7%.

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