Euro Digital
En pleno debate legislativo, Cipollone sostuvo que el proyecto dispondrá de un modelo de compensación para que los intermediarios recuperen costes e inviertan en la infraestructura, mientras los usuarios disfrutan de un instrumento gratuito, aceptado universalmente y con privacidad reforzada. En paralelo, la Eurocámara sigue encallada a la espera de pactar una posición que permita al BCE decidir sobre su eventual emisión.
El argumento del BCE pivota sobre dos ideas: rentabilidad para el sector y ausencia de riesgos sistémicos por una adopción acotada. Según Cipollone, la absorción inicial no sería “tan enorme” como para tensionar la financiación bancaria —clave si el proyecto se lanza con límites de tenencia y sin remuneración—, pero suficiente para “dar la señal” que justifique la inversión pública y privada — el BCE recuerda que el euro digital no sustituye al efectivo sino que lo complementa La institución subraya, además, que en un contexto de ciberataques o fallos operativos el euro digital funcionaría como red de respaldo para garantizar pagos esenciales.
La hoja de ruta del BCE se apoya en una adopción gradual, con límites de saldo y un esquema de compensación al distribuidor para alinear incentivos
La Comisión Europea estima que integrar el euro digital en el sistema de pagos del área del euro supondría entre 2.800 y 5.400 millones de euros en inversión. En el lado del sector, análisis recientes elevan el impacto agregado para las entidades —en adaptación tecnológica, operaciones y comercial— a una horquilla de 18.000–30.000 millones de euros. De ahí que el diseño del modelo de compensación sea uno de los puntos neurálgicos del expediente, junto con la privacidad, los límites de tenencia y la distribución.
El pulso de costes enfrenta la estimación pública de 2.800–5.400 millones con cálculos privados de hasta 30.000 millones
El marco legal es condición necesaria: sin él, el Consejo de Gobierno no puede decidir. La Comisión presentó su propuesta en junio de 2023 y desde entonces se han multiplicado las audiencias técnicas. En la Eurocámara, el expediente vivió un relevo del ponente y sigue sin votación de fondo, lo que demora una posición común. Las capitales discuten, además, cuestiones como el nivel de privacidad, los límites individuales de euros digitales y el impacto en países fuera del euro.
La decisión de emitir dependerá de que Consejo y Eurocámara acuerden un reglamento que blinde privacidad, compensación y límites de tenencia
Aunque el uso de efectivo cae, sigue siendo mayoritario en número de operaciones presenciales: en 2024 representó el 52% de los pagos en el punto de venta y el 39% en valor, frente a la creciente cuota de tarjetas y pagos digitales. Para responder a ese cambio sin dejar a nadie atrás, el diseño incorpora un modo offline con privacidad tipo “efectivo” para pagos en tiendas y entre personas, además de opciones inclusivas (tarjeta física, atención presencial).
| Indicador | Dato/Estado |
|---|---|
| Coste de integración (estimación pública) | 2.800–5.400 millones de euros |
| Impacto estimado en banca (estudios sectoriales) | 18.000–30.000 millones de euros |
| Uso de efectivo en POS (2024) | 52% de las transacciones; 39% del valor |
| Propuesta legislativa de la Comisión | 28.06.2023 |
| Fase de preparación del BCE | Desde 11.2023; avances en 2024–2025 (reglas, pruebas, diseño) |
| Elementos de diseño en debate | Límites de tenencia (~3.000 euros), privacidad reforzada, modo offline, no remuneración |
Si el Parlamento Europeo y los Estados logran un acuerdo político en los próximos meses, el BCE podría encarar decisiones técnicas sobre lanzamiento, reglas de aceptación universal y calibración de límites. Para el sector, la clave será cómo aterriza el esquema de compensación y la interoperabilidad con terminales y carteras existentes. Para el ciudadano, que sea gratuito, privado y usable sin conexión marcará la diferencia
El euro digital avanza con una promesa doble: seguridad pública en pagos críticos y neutralidad competitiva con incentivos alineados. La pelota, por ahora, sigue en el tejado legislativo.
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