Banco Popular
El informe, fechado el pasado 9 de septiembre, advierte con todo al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, de que la calidad de los datos en los que se basa esta pericial es «deficiente, existiendo una gran cantidad de incoherencias, defectos e inconsistencias».
El instructor requirió este informe a los peritos del Banco de España el pasado 16 de marzo, unos días después de tomar declaración al inspector del Banco Central Europeo Jesús Fernando Martínez Usano, que explicó al juez que el Popular llevó a cabo una liberación de coberturas «contraria a la norma», cifrando el déficit de provisiones entre 1.153 y 1.355 millones de euros.
Eso sí, los peritos Teodoro Fernández y Álvaro López expresaron sus dudas acerca de esta nueva pericia en un escrito suscrito por ambos y que fue remitido al instructor el pasado 31 de marzo, tan solo unos días después de que el juez Calama les instase a la elaboración de la misma.
Este informe pericial es, como recuerdan los peritos, una ampliación del que ya elaboraron el pasado 14 de diciembre y en el que ponían el foco en los adjudicados –los inmuebles– de los que disponía el Banco Popular.
En el mismo, los expertos se centraron en analizar la corrección de las valoraciones de los activos adjudicados al Banco Popular y los que se dieron en garantía de operaciones de activo, por su impacto en las provisiones y, por ende, en las cuentas anuales de la entidad. Se trataba, en concreto, de determinar si el valor de tasación utilizado como base para la determinación del valor contable del activo adjudicado resultaba admisible o no.
El propio instructor ha citado a sendos peritos a fin de que ratifiquen los dos informes periciales. En un auto del pasado lunes, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Calama fija el 15 de noviembre a partir de las 9 horas para que acudan a sede judicial, habilitando también el día 16 en caso de que fuera necesario.
El magistrado ya escuchó el pasado 14 de septiembre a los peritos del Banco de España Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, que ratificaron dos de los informes encargados por Calama. En concreto, los mismos versaban sobre Thesan Capital y el relativo a un posible déficit de provisiones en las cuentas de 2015.
El primero de los documentos era un exhaustivo informe que ponía el foco en las operaciones del Popular que fueron intermediadas por Thesan Capital, una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis que operó con el banco entre 2011 y 2014.
El segundo, por otro lado, era la ampliación de un informe que ellos mismos elaboraron en 2019 a fin de determinar si, a finales del año 2015, se mantenía un déficit de provisiones por parte del Banco Popular y su «trascendencia» para las cuentas anuales de la entidad.
Estas diligencias son previsiblemente las últimas antes de que el juez ponga fin a una causa que está cerca de cumplir cinco años, y en la que el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
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