Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España
Concretamente, en su intervención en la Cámara Alta para informar del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022, Hernández de Cos ha querido dedicar parte de su intervención a valorar los efectos de esta reforma, cuya aprobación está prevista este jueves en el Congreso.
En ella se derogan las dos medidas principales de la reforma del PP –el índice de revalorización, que limitaba a un 0,25% la subida anual en caso de déficit, y el factor de sostenibilidad, que recortaba su cuantía inicial en función del aumento de la esperanza de vida– y, en compensación, se introducen varias medidas.
Así, el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) contempla un aumento de cotizaciones de 0,6 puntos entre 2023 y 2032, hay una batería de incentivos y penalizaciones para acercar la edad de jubilación efectiva a la edad legal y se transfieren recursos de la Administración General del Estado para asumir gastos impropios que, hasta ahora, había venido sufragando la Seguridad Social pese a ser ajenos a las pensiones contributivas.
Hernández de Cos ha señalado que, según las estimaciones de la AIReF, la vuelta al IPC para subir las pensiones supone un aumento de gasto en el sistema de 3,3 puntos porcentuales (pp) de PIB entre 2019 y 2050, y no aplicar el factor de sostenibilidad casi un punto más, 0,9 pp.
Frente a ello, cree que el MEI supondría un aumento en ingresos del 0,2% entre 2023 y 2032, con unos ingresos acumulados del 2,3% del PIB a final de su aplicación, pero aun con medidas adicionales su impacto no puede superar las ocho décimas de PIB al año.
La batería de medidas dirigidas a retrasar la jubilación está, ha dicho, «sujeta a una elevada incertidumbre», con unas estimaciones por parte del Gobierno de entre 1,1 y 1,6 pp PIB de menor gasto en 2050, mientras que la transferencia de recursos –cifrados en un 2% de PIB– sanean las cuentas del sistema pero no en el conjunto de las administraciones.
«Estas medidas de compensación no son suficientes para compensar totalmente y requerirán de medidas adicionales en el futuro para compensar, bien por la vía de ingresos o de los gastos, estos efectos», ha aseverado.
En lo que respecta a las cuentas del próximo año, el gobernador del Banco de España ha asegurado que la previsión contemplada en el proyecto de Presupuestos en materia de pensiones «presenta ciertos riesgos de desviación al alza» vinculados a la inflación.
Así, ha señala que el último dato, que eleva al 5,6% la evolución interanual hasta noviembre, supone «una sorpresa al alza» y que la inflación podría elevar el gasto en pensiones unos 1.500 millones de euros por encima del gasto presupuestado en las cuentas de 2022.
Una posible desviación que, ha apostillado, vendría a sumarse a los 2.000 millones de euros adicionales procedentes del coste estimado de la compensación de las pensiones en 2021 por el mayor alza de los precios.
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