Banco de España
Ha pasado más de una década desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España, pero los bancos todavía tienen deberes por delante para deshacerse del ladrillo que se vieron obligados a adjudicarse. Una situación que no ha pasado desapercibida para el Banco de España, que ha aprovechado la publicación de la última ‘Memoria de Supervisión Bancaria’ para advertir de que “sigue siendo un reto”.
Como consecuencia de la reciente crisis financiera, la mayoría de las entidades de crédito españolas han acumulado en sus balances un “elevado nivel de activos improductivos (non performing assets, NPA) que lastran su rentabilidad, de por sí ya reducida, y que amenazan la solidez del sistema”, señala la institución que dirige Pablo Hernández de Cos.
En ese sentido, durante 2018, los bancos siguieron realizando “ventas de carteras de activos dañados a inversores mayoristas”, que permitieron, en primer lugar, “disminuir la exposición a los riesgos asociados a este tipo de activos, de modo que aumente la resistencia de las entidades a la hora de enfrentarse a los retos del entorno actual o a futuras crisis”. En segundo, “mejorar las ratios de calidad del activo, colocando a las entidades españolas en una mejor posición competitiva respecto a las entidades europeas comparables”.
También “incrementar de cara al futuro los indicadores de rentabilidad, al reducir los activos no productivos de los balances. En aquellos bancos cuyos riesgos se encuentran prudentemente cubiertos, además, estas operaciones complementarán sus cuentas de resultados”; “ahorrar costes de gestión que impactan negativamente en la cuenta de resultados y en las ratios financieras”; “centrar el foco en la gestión de la nueva producción de crédito”; y, por último, “despejar dudas en el mercado, permitiendo reducir sus costes de financiación”.
Las principales ventas mayoristas de activos dudosos y adjudicados acordadas durante 2018, “algunas todavía pendientes de ejecutar”, son las realizadas por Caixabank, Banco Sabadell y Bankia por un valor bruto contable aproximado de 12.800 millones de euros, 11.400 millones y 3.070 millones, respectivamente, señala el Banco de España. En total, unos 27.270 millones de euros.
Sin embargo, “pese a los esfuerzos realizados por las entidades durante los últimos años en aras de recuperar la calidad de su activo, la gestión de los préstamos dudosos o fallidos y de los activos inmobiliarios adjudicados sigue siendo un reto que deben afrontar”, concluye el Banco de España en su ‘Memoria’.
No es la primera vez que el Banco de España hace un llamamiento a acelerar el ritmo de salida de los inmuebles adjudicados. En su último ‘Informe de Estabilidad Financiera’, publicado en noviembre del año pasado, la institución alertaba de que, incluso con las operaciones anunciadas en 2018, la cifra de activos adjudicados en los balances de los bancos se situaría en el entorno de los 32.000 millones de euros. Este volumen supone todavía un 40% de los 80.000 millones que se llegaron a alcanzar en 2008, cuando se alcanzó el máximo.
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