El Banco de España cree que la crisis catalana podría ‘comerse’ hasta un 60% del crecimiento del PIB

El producto interior bruto (PIB) español podría sufrir un impacto de entre tres décimas y 2,5 puntos en los próximos dos años dependiendo de cómo evolucione la crisis política en Cataluña, de acuerdo con el último ‘Informe sobre estabilidad financiera’ que ha publicado el Banco de España, que alerta de que el crecimiento económico podría reducirse cerca de un 60% en el peor escenario.

En este informe se contemplan dos escenarios: un primero de “tensionamiento transitorio y acotado de la incertidumbre”, en el que “la pérdida acumulada de PIB hasta finales de 2019 sería de unas tres décimas”, como reflejo, fundamentalmente, de “un menor crecimiento en lo que resta de este año y a principios del siguiente”.

Por su parte, en el escenario de “tensionamiento más severo y prolongado”, el PIB se reduciría en términos acumulados algo más de 2,5 puntos porcentuales entre finales de 2017 y 2019. Este último escenario comportaría una “reducción de cerca del 60% del crecimiento considerado en el escenario base para el conjunto de la economía española y una recesión de la economía catalana durante buena parte del horizonte analizado, como reflejo de que la perturbación de incertidumbre considerada en los ejercicios anteriores afectaría de manera más intensa a esta comunidad autónoma”.

“Estas estimaciones deben tomarse con cautela e interpretarse a título meramente ilustrativo y provisional”, advierte la institución dirigida por Luis María Linde, pero “permiten evidenciar los significativos riesgos y costes económicos de la situación provocada por las iniciativas independentistas en Cataluña”. “La pronta normalización de esta situación podría mitigar la incidencia de los riesgos”, señala el Banco de España.

En este sentido, la información relativa a los días inmediatamente anteriores a la publicación del informe indica “una cierta moderación en el grado de tensionamiento implícito en los precios de los activos financieros”, coincidiendo con la adopción, el pasado 27 de octubre, de la Resolución por el Pleno del Senado por la que autorizó la aplicación de determinadas medidas en relación con la Generalitat de Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución.

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