Así, aunque considera que aún es pronto para evaluar el impacto de la reforma laboral, en vigor desde finales de diciembre, considera que el análisis de sus efectos debería incluir, entre otras dimensiones, su impacto sobre el empleo.
«Responder a esta cuestión exigirá disponer de un periodo amplio sobre el que analizar las dinámicas de creación y destrucción de empleo», apunta la institución que, en cualquier caso, subraya que algunos estudios para otros países que han realizado reformas laborales similares en el pasado evidencian que estas habrían tenido «un cierto coste» en términos de creación neta de empleo.
El organismo alerta de que la precariedad supone una mayor incertidumbre sobre la evolución futura de las rentas de los trabajadores afectados, afectando no sólo en sus decisiones de gasto, sino también a su bienestar emocional, a la formación de nuevos hogares y a la natalidad.
El Banco de España reconoce que desde la aprobación de la reforma laboral, «la contratación indefinida se ha acelerado significativamente y la contratación temporal se ha reducido», pero insiste en que aún ha pasado poco tiempo para valorar su impacto.
La institución recuerda que la reforma ha introducido límites más estrictos a la utilización de los contratos temporales, restringiendo la duración máxima de los contratos formativos, eliminando el contrato de obra y servicio y permitiendo a las subcontratas y empresas de trabajo temporal (ETT) utilizar el contrato fijo-discontinuo. Por contra, señala que la reforma no ha contemplado medidas para hacer más atractiva la contratación indefinida.
La aceleración de los contratos fijos y la reducción de los temporales empezó a producirse unos meses antes de la entrada en vigor de esta ley, pues, según el Banco de España, estas dinámicas arrancaron en el verano de 2021, aunque posteriormente, con la reforma laboral ya vigente, se intensificaron, dando lugar a una «marcada reducción de la tasa de temporalidad».
¿LIMITAR LA TEMPORALIDAD A COSTA DE MÁS PARO?
Además, el Banco de España insta a analizar si la reforma «induce a una mayor o menor rotación en el empleo»; qué tipo de desarrollo profesional presentan los trabajadores que iniciaron su carrera laboral en una ETT; y cómo ha afectado a los tipos de puestos de trabajo disponibles, pues ello a su vez tiene efectos sobre la clase de empresas que se crean y su productividad.
En este sentido, advierte de que «existe literatura» que apunta a que una mayor limitación de la temporalidad incrementa la productividad empresarial, pero «a costa de un mayor desempleo».
En definitiva, para el Banco de España todas estas cuestiones son «extraordinariamente relevantes» y deben ser objeto de un análisis «riguroso» en los próximos años, pues un diagnóstico sobre ellas resulta «crucial» para «recalibrar», en caso de ser necesario, las características de los contratos.
EVALUAR EL MECANISMO RED
También ve necesario analizar en qué medida puede afectar la reforma laboral a medio plazo al proceso de negociación colectiva, a las subidas salariales pactadas y al empleo, especialmente en aquellas empresas con un menor nivel de productividad dentro de cada sector.
Igualmente, y en relación a los nuevo ERTE cíclicos y sectoriales incluidos en la reforma laboral y denominados RED, el Banco de España considera que podrían ser tan valiosos como lo fueron en la crisis sanitaria ante situaciones macroeconómicas coyunturales.
Ahora bien, avisa de que «no necesariamente tendrían por qué ser igual de oportunos en otro tipo de procesos más estructurales, como los que previsiblemente tendrá que abordar la economía española en los próximos años», y que son los que activarían el RED sectorial.
«Por tanto, de cara al futuro, sería conveniente evaluar la efectividad de esta modalidad del mecanismo RED en relación con la de otros mecanismos que actualmente están pensados para reestructuraciones permanentes, como los expedientes de regulación de empleo (ERE)», apunta.
PERDER PODER ADQUISITIVO, «INEVITABLE»
En su informe, el Banco de España vuelve a reclamar un pacto de rentas con «compromisos plurianuales» entre los agentes sociales para impedir que se desencadene una espiral de incrementos de precios y de costes, así como que eviten fórmulas de indexación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguarda y tomen referencias que excluyan los costes energéticos, como la inflación subyacente.
En este sentido, en el actual contexto de inflación, la institución pide a sindicatos y empresarios que «acepten» que, a escala agregada, «la pérdida de poder adquisitivo del conjunto de las rentas de la economía es inevitable».
«La naturaleza de la perturbación exige que empresas y trabajadores acepten, respectivamente, una moderación de sus márgenes y una cierta pérdida de poder de compra de sus salarios en proporciones que habrán de ser determinadas mediante el diálogo social. Un hipotético intento por parte de unos y otros de mantener la capacidad adquisitiva de sus rentas actuales no garantiza el éxito para uno u otro colectivo y, a escala agregada, comporta los costes asociados a una tasa de inflación elevada, como son pérdidas de eficiencia y aumentos de la desigualdad», advierte.
Hasta la fecha, la institución aprecia que el reparto de costes entre trabajadores y empresas se está produciendo de forma tácita y que la transmisión a los crecimientos salariales del repunte de la inflación está siendo «modesta».
LAS PENSIONES Y SU VINCULACIÓN AL IPC
El Banco de España reclama ademán que las pensiones también formen parte del pacto de rentas, pues su vinculación con el IPC tendrá consecuencias sobre el gasto público en 2022. Más allá de decidir «a la mayor brevedad posible» sobre las fuentes de ingresos que permitirán financiar este mayor gasto, el organismo avisa de que el mantenimiento del poder de compra de las pensiones plantea algunas cuestiones de equidad.
«Por un lado, esas mismas consideraciones de equidad justifican que se garantice el poder adquisitivo para los perceptores de pensiones mínimas. Pero, por otro lado, fuera de este colectivo concreto, el hecho de que haya un grupo de agentes, el conjunto de los pensionistas, a quienes se excluye del ajuste, conlleva necesariamente que otros agentes de la economía nacional (los perceptores de rentas del trabajo y del capital) tengan que asumir una parte mayor de esos costes», argumenta.
Asimismo, para el Banco de España, los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirán de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos.
Así, aboga por reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas y por iniciar «un debate riguroso» que aborde el nivel de prestaciones y la estrategia de captación de los ingresos necesarios para financiarlas.
Asimismo, con objeto de ofrecer certidumbre a los ciudadanos y de facilitar la toma de decisiones en los ámbitos del ahorro, el trabajo y la jubilación, vería conveniente valorar la introducción de mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas.
