Banco de España
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha advertido este jueves de que aunque los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han permitido mantener un elevado número de relaciones laborales durante la crisis, su «ideoneidad» para salvaguardar el empleo puede verse reducida si ésta se alarga y se precisan reestructuraciones a nivel de sector y/o empresa.
En estas circunstancias, Arce ve crucial «evitar la descapitalización» de los trabajadores suspendidos por ERTE mediante el «uso intensivo» de las posibilidades que introdujo el decreto que prorrogaba este instrumento hasta el 31 de enero.
En concreto, se ha referido a la posibilidad contemplada en la norma de compaginar el cobro de la prestación por desempleo con la realización de un trabajo a tiempo parcial no afectado por medidas de suspensión y a la consideración de los trabajadores afectados por ERTE como colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación para el empleo.
Al mismo tiempo, Arce ha defendido una revisión de los mecanismos de protección al empleo «para alcanzar un reparto más equitativo de la protección entre trabajadores» e insiste en la necesidad de favorecer los instrumentos de flexibilidad interna empresarial como mecanismo alternativo de ajuste del mercado de trabajo.
Durante su intervención en el Foro Económico ‘El Norte de Castilla’, Arce ha subrayado que la información más reciente «parece apuntar a una interrupción de la recuperación de la actividad» económica por la segunda ola de la pandemia.
El director de Economía y Estadística del Banco de España ha señalado que la crisis está teniendo un impacto «acusado» sobre el empleo (la afiliación a la Seguridad Social sin contar los ERTE llegó a ser en mayo un 20% inferior a la de un año antes y la tasa de paro seguirá en niveles elevados en 2021 y 2022), pero también sobre el déficit y la deuda pública y sobre las empresas, que han visto reducir sus beneficios de manera «significativa».
Además, ha apuntado que se ha revertido la tendencia al desapalancamiento de las empresas observada a lo largo de la recuperación, que el número de empresas activas se redujo un 6% anual en octubre, y que los concursos de acreedores se mantienen por ahora contenidos, «posiblemente como resultado de la moratoria aprobada en abril».
Tras una primera fase de la crisis en la que las medidas de apoyo a las empresas se centraron en sus problemas de liquidez, Arce ha afirmado que el foco se desplaza ahora a sus problemas de solvencia, lo que precisa, en su opinión, de un apoyo «más selectivo, focalizado en las empresas más afectadas pero viables».
Asimismo, sostiene que los instrumentos de reforzamiento de los fondos propios deben desempeñar un papel relevante y que «podrían estudiarse nuevas herramientas para canalizar recursos propios hacia las empresas de menor dimensión, posiblemente con la participación del sector privado».
También ve deseable una mejora en el funcionamiento de los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias para lograr una mayor eficiencia y agilidad y permitir que más empresas puedan proseguir su actividad.
En lo que respecta al gasto público, Arce ha instado a reconstruir los márgenes fiscales y reducir la deuda pública, mediante una estrategia multianual «amplia», una vez se supere la pandemia. Dicha estrategia debe contemplar, a su juicio, una pauta de reducción gradual de los desequilibrios; la descripción pormenorizada de las acciones a adoptar en cada período, y la revisión de la composición de gasto e ingresos públicos, todo ello acompañado de una agenda «ambiciosa» de reformas estructurales.
En relación al impacto de los fondos europeos en el PIB previsto por el Gobierno (+2,6 puntos en el PIB de 2021), Arce ha afirmado que el impacto económico final dependerá de varios factores, entre ellos la capacidad de absorción de una cuantía tan elevada de fondos; que sean nuevo gasto y se destinen sobre todo a inversión, y la forma de financiación (transferencias o préstamos).
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