El Banco de España avisa de que la subida de las pensiones con el IPC perjudicará a los trabajadores

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El Banco de España cree que los pensionistas deberían incorporarse al pacto de rentas y se muestra muy crítico con la decisión del Gobierno de revalorizar las pensiones conforme al IPC, “que tendrá consecuencias sobre el gasto público” este año y los sucesivos “por la consolidación en el importe de las pensiones de la mayor inflación actual”.

En su informe anual, el organismo cree que el mantenimiento de poder de compra de las pensiones plantea problemas de equidad en un escenario de inflación disparada, porque serán los trabajadores (y las rentas de capital) quienes tengan que asumir el coste del empobrecimiento que provoca el alza de precios. El Banco de España justifica que se garantice el poder adquisitivo de los perceptores de pensiones mínimas, pero no del resto.

«Las consideraciones de equidad justifican que se garantice el poder adquisitivo para los perceptores de pensiones mínimas. Pero, por otro lado, fuera de este colectivo concreto, el hecho de que haya un grupo de agentes —el conjunto de los pensionistas— a quienes se excluye del ajuste conlleva necesariamente que otros agentes de la economía nacional (los perceptores de rentas del trabajo y del capital) tengan que asumir una parte mayor de esos costes», explica.

REFORMA DE LAS PENSIONES

Este organismo considera además que la reforma de pensiones diseñada por el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no será suficiente para sanear las cuentas y que hacer frente al aumento de las prestaciones que se derivará del envejecimiento poblacional y se requerirán nuevas actuaciones en el futuro “por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos”.

En este sentido, el Banco de España ha venido señalando durante los últimos años la conveniencia de reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas −asegurando un nivel suficiente para los hogares más vulnerables−, así como de iniciar un debate riguroso que aborde el nivel de prestaciones que el sistema debe proveer y la estrategia de captación de los ingresos necesarios para financiarlas.

Además, considera que se analizar las consecuencias redistributivas y en términos de equidad intergeneracional de las distintas reformas planteadas, de modo que los eventuales ajustes en el sistema no recaigan desproporcionadamente en grupos de población concretos, como la población jubilada o las futuras cohortes de trabajadores.

“Asimismo, es deseable que se dote al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad, con objeto de ofrecer certidumbre a los ciudadanos y de facilitar la toma de decisiones en los ámbitos del ahorro, el trabajo y la jubilación. En este sentido, podría ser conveniente valorar la introducción de mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas”, añade.