“Lo hacemos simplemente porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo, de la misma manera que haríamos con cualquier otro establecimiento que supiéramos que incumple la normativa, porque lo que pretende el Gobierno de España es una ilegalidad y una temeridad”, ha manifestado la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, en declaraciones remitidas a Europa Press.
Así, Tejero ha alertado de que el centro ha sufrido una transformación “de la noche a la mañana” para convertirlo en una residencia para más de medio millar de personas “sin ningún tipo de autorización” y en contra de lo que marca la ley. “Es una irresponsabilidad alojar a personas en un centro sin licencia, sin control y sin garantías”, ha subrayado.
La resolución del cierre se adopta tras una inspección del Ayuntamiento de Pozuelo llevada a cabo después de conocer la intención del Gobierno de trasladar allí de manera permanente a 400 menores solicitantes de asilo, según han señalado fuentes populares, que recuerdan que desde el Consistorio se ha alzado la voz en sucesivas ocasiones en contra de utilizar el centro como residencia permanente.
Ahora una vez ha sido notificado la orden del cierre temporal, el centro cuenta con 15 días de plaza para presentar alegaciones, si bien deberán cumplir con el cese de la actividad, y por tanto el Ejecutivo deberá reubicar a los actuales residentes en otras instalaciones. Para el Ayuntamiento, destacan estas mismas fuentes, lo más importante es “asegurar que se cumplen las condiciones que garanticen el bienestar y la seguridad” de los residentes del centro, recoge la citada agencia.
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