En un escrito la acusación particular defiende que los documentos supuestamente alterados relacionados con los contratos con Alberto Luceño constituían «documentación diferente».
La acusación popular que representa a Más Madrid alegaba que las cartas de encargo aportadas a la Fiscalía por la funeraria son diferentes a las cartas de encargo enviadas por la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid mediante oficio de 5 de abril de 2021.
Este grupo municipal, a través de su representación legal, sostenía que las cartas de encargo deberían ser exactamente iguales, dado que estaban incorporadas a un expediente administrativo electrónico.
Tales diferencias se concretan, según manifiesta el escrito, en que «desaparece el contrato firmado por la concejala en el que se recogía la cantidad e importe de este y se reconstruye la carta de encargo original incluyendo estos extremos». Se eliminaba igualmente la firma electrónica de la carta de encargo y se sustituye por otra manuscrita.
A ello se opone ahora el Ayuntamiento de Madrid por entender que los hechos puestos de manifiesto para justificar la misma carecen de relevancia penal.
En primer lugar, esgrime respecto de las cartas de encargo que «no parece que se esté ante documentos alterados o simulados, sino que parece tratarse de documentación diferente, en atención a que cumpliría finalidades diferentes».
«No parece que pueda apreciarse intención de ocultar información o causar engaño o error a la Junta de Gobierno o al Ministerio Fiscal, toda vez que las partes, el objeto del contrato y el precio son idénticos», recoge el escrito de alegaciones.
Seguidamente, apunta que a «la Junta de Gobierno se le da puntual cuenta de los contratos de emergencia celebrados con la mercantil Leno, como se justifica a través de las correspondientes certificaciones de la directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno». «De las mismas se desprende que la información remitida a la Junta de Gobierno coincide totalmente con la información de los contratos», añade.
Del mismo modo, estos «extractos de expediente para la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid» fueron remitidos por el Ayuntamiento a la Fiscalía para que tuviera conocimiento de todos los documentos emitidos con posterioridad al primer envío.
Entre ellos se incluyeron los relativos a la dación de cuenta y ello a colación de la declaración testifical de la coordinadora general de presupuestos y personal del Área de Gobierno de Hacienda y Personal.
«En definitiva, no existen elementos de hecho ni de Derecho que permitan apreciar la comisión de un delito de falsedad en documento público, debiendo rechazarse la solicitud de ampliación del objeto de la investigación planteada por el grupo municipal en su escrito de fecha 20 de abril de 2022», alega.
El Ayuntamiento se opone igualmente a imputar al gerente de la empresa municipal por un delito de obstrucción a la justicia, criticando que en el escrito «no se hace referencia alguna a qué concretos hechos deben subsumirse en el mencionado delito».
