Las arcas municipales notarán “un ahorro considerable”, de más de 50 millones, calcula el área, mientras que los aproximadamente 300 trabajadores de Emesa (Empresa de Mantenimiento y Explotación SA) serán subrogados por las empresas que concursarán en la licitación de los nuevos servicios. En la actualidad, el Ayuntamiento posee el 80% del accionariado.
El Consistorio asumió en 2004 la titularidad de la M-30 a partir de la transferencia llevada a cabo por el Ministerio de Fomento. Desde entonces se ha gestionado a través de una mercantil, Madrid Calle 30, que inicialmente fue municipal al 100% para posteriormente, en 2005, pasar a ser de economía mixta con la entrada del socio privado en el capital social.
Obras ya ha puesto en marcha el procedimiento para cambiar el modelo de gestión e ir a uno “más eficiente y sostenible para el Ayuntamiento” después de, por un lado, “el transcurso del tiempo, los cambios normativos y la evolución económica” y, por otro, las conclusiones de un informe encargado por Hacienda a una empresa privada sobre las condiciones de sostenibilidad. También se tendrá que determinar la cuantía a abonar.
1 de enero de 2026
Los servicios de gestión integral de la M-30 se regulan a través de un contrato entre el Ayuntamiento y la sociedad mixta Madrid Calle 30, mientras que el mantenimiento y explotación de la infraestructura funcionan a través de otro, suscrito entre Calle 30 y Emesa. Aunque la vigencia de ambos contratos se extiende hasta el año 2040, el Ayuntamiento de Madrid puede ejercitar una opción de compra de las acciones del socio privado antes de que acabe 2025, de modo que la sociedad de economía mixta podría pasar a ser cien por cien municipal desde el 1 de enero de 2026, recoge Europa Press.
“Ahora se nos abre la posibilidad”, ha explicado la delegada García Romero. El contrato establece que el 31 de diciembre del 2025 “se puede ejercer una opción de compra y eso es lo que se va a hacer, ejercer esa opción de compra y comprar al precio que se vaya estudiando”. Con esa ventana de oportunidad, la que marca el 31 de diciembre de 2025, “se abre la opción de compra sin tener que indemnizar”, ha constatado García Romero. Ir a un cambio de modelo de gestión antes, con contratos cuya duración se extienden hasta 2040, “hubiera supuesto indemnizar al socio privado por lo que quedara”, ha recalcado la edil.
Ahorro
Paloma García Romero ha adelantado el “ahorro considerable” que supondrá el cambio de modelo “puesto que se van a dejar de pagar el IVA, el Impuesto de Sociedades, los dividendos al privado”, en total, más de 50 millones. Y además la gestión “puede ser, si no igual, todavía mejor”. Calle 30 supone un coste anual de 155 millones de euros. La deuda que queda por abonar ronda los 111 millones dado que el contrato lleva asociado un préstamo subordinado.
