La delegada Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha anunciado este martes que ha dado “la orden” de que se aplacen “temporalmente” los lanzamientos en la EMVS porque “los recursos están llenos” y no se puede ofrecer “una solución habitacional alternativa”. No obstante, los desahucios se reactivarán cuando se “desbloqueen los recursos”.
Higueras ha recordado que las competencias en materia de vivienda son “exclusivas y plenas de la Comunidad de Madrid”. Por ello, en parte culpa al Ejecutivo de Cristina Cifuentes y en parte le pide ayuda: “El Gobierno regional debería establecer el derecho a una vivienda digna y adecuada como han hecho otras Comunidades Autónomas, para garantizar un derecho constitucional”.
No obstante, el consistorio que lidera Manuela Carmena afirma que dispone de herramientas para atender este derecho a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). Aunque la polémica por desahucios en viviendas de esta agencia municipal lleva meses en el candelero y plataformas como Stop Desahucios o la PAH de Madrid, junto a concejales de Ganemos, denunciaron que la EMVS ordenó dos desahucios en marzo en viviendas de titularidad municipal.
Ahora Higueras defiende que la oficina de vivienda “no realiza lanzamientos cuya causa sea exclusivamente la falta de pago e imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas con la empresa”, y que lleva a cabo en estos casos aplazamientos y adaptaciones a planes de pago.
Asegura que los lanzamientos que se han llevado a cabo han sido para “recuperar viviendas usurpadas que están asignadas a otras familias cuando existen recursos habitacionales alternativos”, y cuando los ocupantes no cumplen con los criterios de regulación excepcional de situaciones de ocupación aprobadas en el Consejo de la Administración de la EMVS en septiembre del 2016.
Es decir, la EMVS ordena desahucios a individuos o familias que ‘okupan’ viviendas municipales sin cumplir los requisitos y en casos en que esa vivienda esté destinada a otra unidad familiar, según el relato del equipo de Carmena. “No obstante, estos criterios no se aplican a las ocupaciones llevadas a cabo desde el 1 de enero del 2016”, afirma el consistorio.
Explica que entre los requisitos figuran “por ejemplo, que la vivienda ocupada constituya un domicilio personal o familiar de forma ininterrumpida por un plazo no inferior a un año y el abono de las rentas de alquiler y cuotas de comunidad por un periodo máximo de cinco años”.
La edil de Equidad recuerda que en esta legislatura se han adjudicado 2.456 viviendas que se encontraban vacías. Sin embargo, a fecha de 31 de marzo se habían registrado 24.432 peticiones de vivienda pública de los que 21.837 se encuentran válidamente inscritos en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda de la EMVS. De ellos, 15.000 tienen ingresos inferiores a 500 euros, por lo que la emergencia habitacional en la capital sigue siendo alarmante.
En la actualidad, la EMVS “dispone solo de un parque de 6.061 viviendas tras las ventas realizadas por los anteriores gestores”, critica el consistorio. En Ahora mismo, la Empresa Municipal solo cuenta con apenas 300 inmuebles vacíos que serán adjudicados en la Comisión que se celebrará a finales de este mes de abril.
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